La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite una queja del grupo municipal de Izquierda Unida mientras asociaciones y colectivos sociales demandan la anulación de la norma ante el Ayuntamiento.
El coordinador de Izquierda Unida en Espartinas, José María Calado, elevó el pasado 8 de enero una nueva queja al Defensor del Pueblo Andaluz por la negativa de la Junta de Gobierno que lidera Domingo Salado (PP) a permitir «que ciudadanos a nivel particular o grupos puedan acceder a los plenos y grabarlos en medios audiovisuales», según el texto al que ha tenido acceso Sevilla Actualidad.
IU votó junto a PP, PSOE y UPyD una norma de consenso, sin efecto dos plenos después |
El concejal de la coalición de izquierdas ha citado dos escritos anteriores elevados a la oficina del Defensor del Pueblo con fecha de 30 de julio y 20 de agosto de 2012 respectivamente donde alertaban de actitud del equipo de Gobierno contraria a la grabación de las sesiones del Pleno ordinarias y extraordinarias.
Las gestiones de la oficina que dirige José Chamizo motivaron una resolución de Alcaldía permitiendo la grabación audiovisual del Pleno mientras la junta de portavoces desarrollaba una normativa que salió adelante el 22 de noviembre con los votos a favor de PP, PSOE, UPyD y la propia coalición IU. Sólo el edil del Partido Andalucista se desmarcó del consenso. El texto restringía el derecho de la información, como informó Sevilla Actualidad, al forzar una serie de condiciones para permitir la grabación como la acreditación específica con 48 horas de antelación solo para entidades y vecinos de Espartinas (no exigida para sujetos de ámbito no local), la prioridad de acreditación para las formaciones políticas sobre otros colectivos o particulares, y la obligatoriedad de captar las imágenes usando un trípode.
A pesar de las limitaciones, la normativa consensuada en la junta de portavoces fue sustituida dos plenos después -el 28 de diciembre- por el reglamento aprobado con mayoría absoluta de los populares. En el artículo 48, la norma de los ‘plenos copyright’, establece que el Ayuntamiento se reserva en exclusividad la grabación de las sesiones para ofrecerlas en la web municipal. La agrupación de IU Espartinas, en este sentido, ha alertado de que no se podrá hacer uso de las imágenes depositadas en el portal municipal «ya que estas estarán encriptadas».
En respuesta al coordinador de IU, José Chamizo ha anunciado la admisión de la queja y el inicio del procedimiento para solicitar la colaboración necesaria ante el Ayuntamiento de Espartinas con el propósito de conocer «todos los datos precisos que afectan a la cuestión planteada», emplazándose a ofrecer una respuesta una vez analizado el caso.
Iniciativas vecinales contra el copyright
La queja de IU por la norma de los plenos copyright no ha sido la única en Espartinas. Asociaciones y colectivos sociales han tomado la iniciativa para demandar la anulación del artículo que prohíbe la grabación del Pleno a terceros por vulnerar el artículo 20 de la Constitución.
Al suplicatorio de Macarena García Amores, periodista e integrante de la plataforma Graba tu Pleno, al que tuvo acceso el martes Sevilla Actualidad, se sumaron sendos textos presentados ayer en el registro municipal del consistorio por la Asociación de Ciudadanxs por Espartinas (ACE) y la delegación sevillana de la plataforma Graba tu Pleno.
«Creemos que la libertad de información y de expresión son fundamentales para la formación de una Opinión Pública sólida, coherente y crítica con los poderes políticos», cita la demanda de ACE, e insiste en que el nuevo reglamento no se ajusta a la recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz que demandaba «libertad de informar sin condiciones».
En declaraciones a este medio, Chamizo manifestó su respaldo a las resoluciones emitidas por el órgano que dirige, al amparo de la doctrina del Tribunal Constitucional, donde se instaba a las administraciones a permitir las grabaciones de los particulares. «Los plenos son públicos y pueden ser grabados», aclaró el Defensor del Pueblo a propósito de las normativas municipales que lo prohíben en ciudades como Espartinas o Sevilla.