El Ayuntamiento responsabiliza al delegado de personal de dejar a seis familias sin trabajo por intereses políticos.
El Tribunal Superior de Justicia Andaluz (TSJA) ha desestimado la denuncia presentada por el delegado de personal de la gasolinera de Ciudad Expo, Emilio Conde, contra el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe por presunto fraude en el despido colectivo consumado el pasado 14 de julio tras un periodo de consulta en el que no llegó a aceptarse ninguna oferta por parte de siete de los nueve empleados de dicha gasolinera.
Desde el Consistorio mairenero se resalta que “la sentencia deja sentada la inexistencia de cualquier género de duda sobre la situación económica de pérdidas acumuladas por la gasolinera que motivaron el despido de los nueve trabajadores de estación de servicio, lo que ponen al descubierto la infundada acusación sindical de manipulación y falsedad de los resultados económicos de la empresa SODEOIL, titular de la explotación”.
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe manifesta que “la sentencia del TSJA aclara definitivamente la falsedad de las acusaciones de fraude en la actuación del Ayuntamiento y de la empresa municipal SODEFESA y de la empresa titular de la gasolinera (SODEOIL) o de las demás codemandadas (CAMPSARED y REPSOL) despejando definitivamente la acusación de encubrimiento de un grupo empresarial o de intereses oscuros entre el Ayuntamiento y las empresas codemandadas” (Fundamento jurídico 7º).
“La Sentencia deja definitivamente zanjado que se han cumplido formalmente los requisitos que la ley exige al comunicar el ERE al Delegado de Personal y abrir un período de consulta en el que se convocaron diversas reuniones a las que el señor Conde no asistió”.
Por último, fuentes desde el Gobierno Municipal se lamenta que finalmente se hayan tenido que producir el despido colectivo de siete trabajadores que “se podrían haber evitado si no hubiera producido la irresponsable actitud mantenida por el representante sindical que no ha hecho otra cosa que provoca artificiosamente un conflicto laboral por intereses claramente políticos”.
Cabe recordar que esta decisión se tomó por parte del actual equipo de gobierno municipal tras la gravísima situación económica que arroja SODEOIL, sociedad municipal creada en 2001 para gestionar la gasolinera y que ha motivado una multiplicidad de acreedores, entre los que destacan Repsol (341.857,23 euros) y Sodefesa (321.896,67 euros), además del importe pendiente del resto de acreedores, que alcanza los 33.000 euros.