El inspector de trabajo Pedro Pinilla ha testificado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla dentro del expediente incoado por el juzgado sobre en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera.
Pinilla, según recoge Europa Press, sería el autor del informe de la Inspección de Trabajo que detectaba “un indicio racional de fraude” en el primer acuerdo destinado a resolver este ERE en el primer acuerdo destinado a resolver este ERE, pues en un principio fueron incluidos en el procedimiento 31 trabajadores que ya no prestaban sus servicios en la base aérea.
Vinnell-Brown ant Root Spain’ (VBR), adjudicataria de los servicios civiles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, impulsó en 2010, tras la negociación entre la empresa y el comité, un ERE que contemplaba inicialmente 150 despidos, aunque el número final de puestos de empleo a extinguir se redujo a 119 al censurar la Inspección de Trabajo la inclusión de 31 empleados que ya habían causado baja en la empresa.
La denuncia implica a Gutiérrez Limones
El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla investiga actualmente una denuncia formulada por varios extrabajadores de la base aérea de Morón que entienden que todos estos hechos sugieren “indicios” de fraude en el caso de las partes firmantes del ERE, prevaricación por parte de la delegada provincial de la Consejería de Empleo y “financiación ilegal y tráfico de influencias” por parte del alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, y la comisión ejecutiva de la agrupación socialista de dicho municipio.
La denuncia atribuye al alcalde de Alcalá de Guadaíra el papel de “mediador en la sombra” al haber participado en reuniones entre VBR y el comité de empresa y otras instituciones sin “saber quien le reconoce como tal”. Del mismo modo, la denuncia advierte el caso del que fuera concejal de Alcalá de Guadaíra, Francisco García Jiménez quien renunció a su cargo y se incorporó a en 2010 a VBR –donde disfrutaba de una excedencia- “una semana después de que fuese elaborada la lista (de trabajadores afectados por el ERE) y dos semanas antes de que se solicitara el expediente de regulación de empleo”.