La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han intervenido una plantación de marihuana en el interior de una nave en el municipio de Osuna, deteniendo a dos personas que se encontraban en el interior e incautando 611 plantas.
Allí se realizaban las operaciones de cultivo, siembra, desbrozado, secado y preparación de la marihuana previas a su distribución. El cultivo se camuflaba como un taller de venta de herramientas, que contaba con varias cámaras de videovigilancia como medida de seguridad.
La operación se inició el pasado mes de junio tras las investigaciones realizadas por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, en colaboración con miembros de la Guardia Civil de Osuna, relativas a plantaciones de marihuana que era presuntamente distribuidas a otras provincias españolas.
Estas actuaciones llevaron a conocer la existencia de un punto de cultivo ilegal de marihuana en un polígono industrial de la localidad de Osuna. Una vez localizada la nave donde la organización desarrollaba su actividad delictiva de cultivo de plantas de marihuana, la investigación se centró en determinar y centrar las personas que se dedicaban a dicha actividad.
Tras las distintas vigilancias y seguimientos de las personas que habitualmente entraban y salían de la nave, camuflada como un taller de venta de herramientas, se pudo constatar que en la nave residía al menos un miembro de la organización junto con su hijo.
En el exterior de la nave se había instalado un circuito con varias cámaras de videovigilancia con el fin de controlar posibles actuaciones policiales y salvaguardar la plantación existente en el interior. En el registro de la nave se localizó la plantación de marihuana, que contaba con todo lo necesario para el cultivo, tratamiento y posterior ocultación y distribución de los cogollos de marihuana.
Tras la intervención, se pudo constatar que la energía se obtenía fraudulentamente, dado que la instalación tenía conectada la línea eléctrica directamente a la red, sin ningún tipo de contrato con compañías distribuidoras de electricidad, por lo que presuntamente podría haberse cometido, además de un delito contra la salud pública, otro de defraudación de fluido eléctrico.