Los hechos se remontan a 2005, cuando Manuel Ruiz Lucas, en aquel momento Alcalde del Ayuntamiento encargó Jerónimo Andreu la redacción del proyecto de ampliación de la Residencia Geriátrica Municipal Vicente Ferrer eludiendo cualquier tipo trámite y procedimiento relacionado con la contratación administrativa
El Juzgado de lo Penal nº 11 de Sevilla ha condenado a Manuel Ruiz Lucas a siete años de inhabilitación y a indemnizar al Ayuntamiento con 40.000€ por contratar los servicios del arquitecto Jerónimo Andreu mediante conversaciones orales y sin ningún tipo de trámite administrativo-documental.
Tal y como recoge la sentencia nº94/2020, Manuel Ruiz Lucas, con antecedentes penales, vuelve a ser condenado por un delito de prevaricación.
En esta ocasión, ha sido el Ministerio Fiscal el que ha llevado a los tribunales al que durante 28 años fuera Alcalde de Castilblanco por contratar “a dedo” los servicios profesionales del arquitecto Jerónimo Andreu para la redacción del proyecto de ampliación de la Residencia Municipal Vicente Ferrer.
Según se relata en los hechos probados, en el año 2005, tras varias conversaciones mantenidas con este arquitecto, Ruiz Lucas decide que sea él el que asuma profesionalmente la elaboración de la documentación técnica para la ampliación de la Residencia con el fin de optar a las subvenciones que por aquel entonces la Junta de Andalucía concedía para estos fines.
Una decisión que Ruiz Lucas toma en calidad de Alcalde, sin someter la adjudicación de este proyecto a ningún procedimiento administrativo y que hubiera exigido un pliego de condiciones y concurrencia libre de profesionales, cuyos honorarios totales ascendían a 52.642 euros.
De esta cuantía, Ruiz Lucas abonó al arquitecto 18.000 € en junio de 2007, cuando ya se encontraba como Alcalde en funciones, quedando pendientes de cobro más de 34.900€.
La subvención a la que estaban destinados los trabajos de Jerónimo Andreu no fue concedida por la Junta de Andalucía y ante la negativa del Ayuntamiento a abonar el resto del proyecto, ya en el año 2007, al considerar el equipo de gobierno, liderado en aquel momento por el grupo socialista, que se estaba cometiendo una irregularidad en el procedimiento, Jerónimo Andreu interpone un recurso contencioso-administrativo que obliga al Consistorio a abonar la cuantía aún pendiente.
Confirmadas las pruebas por parte del Juzgado, es la misma Fiscalía la que decide denunciar la mala intención por parte de Manuel Ruiz Lucas, llegando a la plena convicción de su culpabilidad por un delito de prevaricación.
Y es que según hace constar la sentencia, la contratación del arquitecto, verbalmente, se hizo de forma ilegal y con carácter clandestino, ocultando el encargo de la redacción del proyecto a la Secretaria del Ayuntamiento hasta el momento de su aprobación en junio de 2007, en una sesión plenaria mediante resolución de alcaldía, cuando Ruiz Lucas se encontraba en condición de Alcalde en funciones, lo que supone un quebranto del Patrimonio Público.
En definitiva un acto ilegal que empareja el delito de prevaricación con el de responsabilidad civil y por el que Manuel Ruiz Lucas responsable de este procedimiento fraudulento deberá indemnizar al Ayuntamiento, una vez resuelta definitivamente tras el recurso de apelación, con un total de 34.982,42€ más los intereses.