Diversas entidades han condenado ya los hechos ocurridos el pasado sábado, 24 de agosto, en el Consultorio de la localidad sevillana de El Garrobo, donde un centenar de vecinos impidió la salida, tras casi 24 horas de guardia, a una médico de familia.
En concreto, en torno a un centenar de personas se movilizaron a las puertas del centro sanitario ante la previsión de que iban a estar sin médico de urgencias durante 48 horas. La doctora tuvo que permanecer en su puesto varias horas después de su hora prevista de salida. Finalmente, pudo salir del Consultorio gracias a que otra facultativa se presentó voluntariamente para relevar el servicio y evitar que El Garrobo se quedara 48 horas sin médico.
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha comunicado que «rechaza rotundamente este caso de retención y coacción a una médica para que ésta siguiese trabajando después de acabar su turno máximo de trabajo», además «con el beneplácito de las autoridades municipales, difundido y expresado públicamente en redes sociales, donde el Ayuntamiento dio las gracias a todos los presentes en la movilización».
Desde la SEMG han señalado que «donde hay que trasladar las quejas, realizar las protestas y hacer las movilizaciones no es contra los trabajadores del sistema sanitario, sino ante los gestores y políticos locales, autonómicos y nacionales, que son los únicos responsables de la falta de medios y de personal», y han denunciado la «falta de planificación, además de a la precariedad de medios existente y a la insuficiencia presupuestaria de la Atención Primaria».
Acciones legales contra el Ayuntamiento de El Garrobo
Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha anunciado que iniciará acciones legales contra el Ayuntamiento de El Garrobo, manifestando una «profunda preocupación por el posible papel que haya podido jugar la institución municipal en canalizar una legítima protesta hacia una acción de retención de un trabajador que había concluido su jornada laboral». «Iniciamos las medidas legales encaminadas a una investigación que clarifique si este comportamiento ha existido, si puede suponer un delito de detención ilegal, y, en todo caso, depurar las responsabilidades personales que puedan existir». «No es aceptable que unos tiren la piedra desde lejanos despachos, y luego escondan la mano; menos aún que animen a la población (primeras víctimas de la reducción financiera) a presionar como si fueran culpables de las deficiencias a los médicos que les están atendiendo (segundas víctimas de la precariedad y maltrato)».