La Directora General de Infancia y Conciliación, Antonia Rubio, junto con el delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Joaquín Pérez Blanes, han suscrito la prórroga de los convenios del Programa de Tratamiento Familiar. Dichos convenios afectan a 16 ayuntamientos de la provincia de más de 20.000 habitantes y la Diputación de Sevilla para el desarrollo de programas de ayuda a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección con una inversión de 2.521.465 euros.
Se trata de un programa que tienen un carácter eminentemente preventivo y una doble finalidad. Por un lado, evitar la adopción de medidas de protección que conlleven a la separación del menor de su familia, normalizando el funcionamiento familiar mediante un tratamiento específico que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo social, que puede afectar de manera directa o indirecta al bienestar del menor y, por otro lado, promover y posibilitar, en aquellos casos en los que sea posible, la reunificación familiar de los menores como alternativa prioritaria y más adecuada. Para Pérez Blanes, “es un programa de vital importancia en la prevención en materia de infancia, ya que interviene en el ámbito más íntimo, como es dentro de la familia y, a la vez, el más eficaz ante situaciones de menores en riesgo”
La aportación económica de la Junta va específicamente destinada a financiar el mantenimiento de los 29 equipos de tratamiento familiar (ETF) existentes en la provincia, que son los encargados de aplicar el programa y realizar las intervenciones con la población diana, en coordinación con el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que actúa como el referente técnico del Programa en la provincia.
Estos equipos, dependientes de las entidades locales, están integrados por aproximadamente 93 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales y atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han efectuado previamente los servicios sociales comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos.