El edil popular está citado a declarar el 3 de julio como imputado en el marco de unas diligencias previas incoadas en su contra por una posible infracción penal, tras una denuncia de la portavoz municipal del PSOE en Espartinas, Matilde Marín, por supuestos delitos de prevaricación por concesión indebida de licencia y contra los derechos cívicos.
Sevilla Actualidad. El Juzgado Mixto número 1 de Sanlúcar la Mayor citó ayer a declarar en calidad de imputado al alcalde de Espartinas, Domingo Salado (PP), a cuenta de una denuncia de la portavoz socialista por una operación urbanística que supuestamente le permitió ampliar su casa y en cuya tramitación no se habría abstenido de votar «pese a los intereses implícitos en el asunto».
Entre 1999 y 2002 diversos vecinos de la urbanización La Juliana solicitaron al Ayuntamiento la adquisición de unas fincas municipales que colindaban con sus viviendas con el propósito de ampliarlas, pero «el Ayuntamiento se negó en todo momento», toda vez que el propio alcalde es uno de los propietarios de las viviendas que se alzan en esta urbanización ahora bautizada como ‘Capitán General Gutiérrez Mellado’.
Sin embargo, y pese a que el equipo de gobierno alegaba las normas urbanísticas para tal denegación, el Ayuntamiento vendió los terrenos a la promotora ‘Acimentar SL’ en 2003 y aprobó su proyecto de urbanización, al que siguió un proyecto de parcelación del que resultaban 40 parcelas. El proyecto urbanístico fue así tramitado por el Ayuntamiento. La parcela 24 fue «vendida» por la promotora al propio Alcalde por 39.065,79 euros una vez que se aumentó su edificabilidad y mejoraron sus condiciones.
El PSOE entiende, así, que el alcalde tenía «un interés directo» en la aprobación de los proyectos reformados entregados por ‘Acimentar SL’ al Ayuntamiento y, de hecho, «no dudó» en ejercer su derecho a voto en las sesiones plenarias y reuniones de la Junta local de Gobierno que analizaron las distintas fases de tramitación de esta iniciativa urbanística. En una ocasión anterior, en abril de 2005, el edil había reconocido públicamente su «interés» en el asunto ausentándose de una votación en el pleno.