Fumador en terraza / RTVE

El colectivo Nofumadores.org denunció a principios de marzo ante la Consejería de Salud a más de un centenar de establecimientos hosteleros en varios pueblos de Sevilla por incumplir la Ley del Tabaco. El fraude denunciado consiste principalmente en la instalación de terrazas cerradas o semicerradas convertidas en zonas de fumadores prohibidas por la ley, la cual establece solo la posibilidad de fumar en terrazas al aire libre, para lo cual no pueden tener mas de dos paramentos y un techo.

Con estos establecimientos son ya más de 200 el número de denuncias presentadas en la provincia de Sevilla durante este mes por esta Organización. Las denuncias se han realizado en poblaciones como Dos Hermanas, Utrera, Mairena del Aljarafe, Coria del Río y La Puebla del Río, entre otras localidades. Por desgracia “no estamos sino llamando la atención de la ciudadanía y de las administraciones competentes sobre un problema que va mucho más allá de estas denuncias. El fraude alcanza a miles de establecimientos en toda Andalucía”, señaló Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org. La sensación de impunidad de los hosteleros es tal que se han instalado nuevos tipos de fraude, como el retranqueo del umbral de la fachada del establecimiento, creando una zona de fumadores permanente e ilegal.

El objetivo de la campaña de denuncias emprendida por Nofumadores.org consiste en romper esa idea que se empieza a instalar de que lo normal es que se fume en las terrazas cerradas o semicerradas. La inacción de las administraciones ante el incumplimiento de los hosteleros desleales se está cobrando un precio muy alto: el número de fumadores en Sevilla y Andalucía ha aumentado, volviendo a cifras de 2005, justo el año de la primera Ley del Tabaco. Cada día comienzan a fumar en Andalucía 50 niños con una edad media de 13.5 años debido a la relajación en el cumplimiento de la Ley.

Raquel Fernández declaró que “es intolerable que la Junta de Andalucía y los ayuntamientos permitan este fraude continuado a diario” e insta a la Policía Local a actuar de oficio pues “tiene la potestad para ello”, señaló Fernández Megina, que anima a los ciudadanos a no quedarse de brazos cruzados y denunciar estos incumplimientos ante la policía o ante la propia Asociación. Estas infracciones graves contra la salud pública conllevan sanciones de entre 6.000 y 600.000 euros, pero el fraude se ha establecido por culpa de la dejadez de los organismos competentes.