El Ayuntamiento de Castilblanco dio cuenta de la firma de un «acta de compromisos» entre el Alcalde y el promotor de la Urbanización Sierra Norte en un encuentro con los vecinos el 24 de mayo, coincidiendo con el ultimatum que la Asociación de Propietarios de la Urbanización Sierra Norte estableció a partir del cual saldrían a la calle si el Ayuntamiento no atendía sus alegaciones presentadas al avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y finalizaba, antes de esta fecha, todos los trámites para la definitiva legalización de su urbanización.

Juan Carlos Romero. Con  la firma  de una serie de compromisos entre el Alcalde de Castilblanco, Segundo Benítez (PSOE) y el promotor de la Urbanización Sierra Norte, José Fernández, el equipo de gobierno municipal (PSOE-PP) abrió el pasado fin de semana una nueva etapa con el propósito de concluir los trámites para la legalización de la Urbanización.

Tras varias reuniones de trabajo, el  viernes 22 de mayo el promotor se comprometió con el Ayuntamiento a ejecutar las obras de urbanización y parcelación que faltan en la zona para poder llevar a cabo el proceso de legalización. La urbanización cuenta con un Plan Parcial aprobado en 1.996 que no fue desarrollado en su totalidad.

Según anuncia el equipo de gobierno (PSOE-PP) en los próximos meses se ratificarán en Pleno los proyectos y  se acometerán las obras de urbanización «que culminarán con la legalización de Sierra Norte-Las Majadillas».

Los acuerdos fueron trasladados a la Asociación de Propietarios el pasado día 24, coincidiendo con la fecha límite que ésta estableció  «para que esté todo legalizado y aprobado en pleno».  Para ese mismo día, la asociación amenazaba con salir a las calles del municipio bajo el lema «Por una urbanización sin sospecha y sin temor en Castilblanco».

El Alcalde trasladó a la Asociación de Propietarios los acuerdos con el promotor el día 24 de mayo.


El presidente de la Asociación de Propietarios de la Urbanización Sierra Norte, Ángel del Toro, anunció hace unos meses que los vecinos iban a empezar a mostrar su «preocupación, inquietud y malestar por el trato indebido e inmerecido» con la urbanización, «también por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castilblanco».

Del Toro, que denunció ante la fiscalía al ex alcalde de Castilblanco, Manuel Ruiz Lucas, por supuestas irregularidades en la gestión de la legalización de la urbanización, criticó algunos aspectos «difíciles de comprender» en el avance del PGOU, así como el retraso del Ayuntamiento en la tramitación de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), aprobada en sesión plenaria en septiembre de 2008 con los votos a favor de PSOE y PP, que estaba provocando «el retraso en la titularidad de la depuradora».

Para el Ayuntamiento la firma del convenio supone un paso «muy importante» para los vecinos de la zona a los que convoca en asamblea el día 21 de junio en el Teatro Municipal Miguel Fisac  para informarles de las gestiones realizadas tras las que, según el expresa el equipo de gobierno, los vecinos  «podrán ver legalizada su urbanización y terminar con algunos de los problemas que venían padeciendo, como el de las obras de la depuradora de aguas residuales que el promotor se encargará de llevar a cabo».

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