Componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla han procedido a la investigación de un vecino de Isla Mayor (Sevilla) de 36 años de edad, como supuesto autor de un delito contra la flora y la fauna y otro contra la seguridad vial, y que presuntamente alentaba a su hijo menor de edad a matar especies protegidas de aves.
Según ha informado este domingo la Benemérita en una nota, la investigación se inició al hilo de las imágenes grabadas desde un teléfono móvil propiedad del investigado, en las que la Guardia Civil observó cómo el presunto autor de los hechos grababa y conducía su vehículo por caminos abiertos al tránsito público, entre las tablas de arroz de las marismas del Guadalquivir, mientras su hijo –que en la fecha de los hechos tenía nueve años de edad– disparaba y mataba «indiscriminadamente» con un arma de fuego a varios especímenes de especies protegidas, siendo «alentado y felicitado por su progenitor».
La Guardia Civil realizó un «estudio pormenorizado» de las imágenes y, tras obtener un informe pericial sobre el grado de protección y valoración de las aves abatidas realizado por personal especializado perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, llegó a la conclusión de la existencia de un presunto ilícito penal por abatir indiscriminadamente a especies como la garza real, grulla común, moritos, andarríos chicos y grandes, lavanderas blancas, cigüeñas, aguiluchos laguneros, águilas ratoneras, y «un largo etcétera».
Se trataba en todos los casos de ejemplares incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespe) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
La pena por estos hechos podría llegar hasta los dos años de prisión, una inhabilitación para cazar de hasta cuatro años, la posible revocación de la licencia de armas así como la retirada de las mismas, además de un número «elevado» de infracciones administrativas en materia de protección de la flora y fauna autóctona y la retirada del permiso de conducción por un plazo de hasta seis años, según detalla el Instituto Armado.
Por estos hechos, la Guardia Civil imputa, en calidad de investigado, al referido vecino de Isla Mayor por un presunto delito contra la flora y la fauna y otro contra la seguridad vial.