El Ministerio Público expone que José Luis Vega, ex alcalde y candidato de IU de La Algaba, actuó de forma “caprichosa” en instalar un toldo que carecía de autorización en una cafetería.
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado para el ex alcalde del municipio sevillano de La Algaba y candidato de IU, José Luis Vega, ocho años de inhabilitación para el empleo o cargo público. Se le imputa un delito de prevaricación por ordenar que instalasen un toldo en una cafetería de la avenida Juan Molina de la localidad sin tener autorización por ello, actuando así de forma “caprichosa”.
El Ministerio Público ha elevado un escrito de acusación al Juzgado de Instrucción número 8 en el que expone que en abril de 2007, el ex alcalde dictó una resolución donde ordenaba retirar el toldo, auto que era “consecuencia de que la instalación” del toldo se había llevado a cabo sin contar con autorización municipal.
Así, el fiscal dice que el propietario de la cafetería recurrió la resolución, pero que en mayo del mismo año (2007), el Ayuntamiento desestimó tal petición. En este momento el entonces alcalde, José Luis Vega, dictó una nueva resolución donde ordenaba retirar el toldo en un plazo de tres días hábiles, por lo que este se retiró en junio del citado año.
En este sentido, un mes más tarde, Vega “ordenó de forma verbal y por escrito al jefe de la Policía Local que pusiese los medios oportunos y acompañara al personal del Ayuntamiento para instalar de nuevo el toldo”.
Ante tal solicitud, expone el Ministerio que el ex alcalde “contradecía su acuerdo anterior” sin que contará además esta nueva decisión con amparo legal, “dado el carácter caprichoso de la decisión”. El día siguiente de la orden de Vega, el 6 de julio de 2007, el personal municipal instaló el toldo.
Por tales hechos, la Fiscalía pide una condena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público para el ex alcalde y candidato de IU, José Luis Vega, a quien además se le investiga, tal y como afirma Diario de Sevilla, por un presunto delito de cohecho, ya que supuestamente exigió 60.000 euros a unos empresarios a cambio de concederles una licencia para una urbanización. También se le investiga por emisión de presuntas facturas falsas, expone el citado diario.