El alcalde de Mairena del Alcor, Antonio Casimiro, está imputado por supuestas irregularidades existentes en la contratación de algunos trabajadores municipales y tendrá que declarar mañana.
El alcalde de Mairena del Alcor, Antonio Casimiro Gavira, tendrá que acudir a los juzgados de Carmona mañana a las 10:30 horas para declarar. Se le acusa de presunta prevaricación en contratos laborales. Media hora antes también declarará el denunciante, es decir, el concejal portavoz del Partido Popular, Juan Antonio Galocha Peña.
Según informa el diario digital infoalcores.es, el Juzgado de Instrucción número 2 de Carmona decidió a principios de año reabrir este caso que, según expone el diario, se basa en los contratos que realizó el alcalde mairenero “a dedo” o “partidistas”, documentos que se realizan desde finales de los años 90 en el Ayuntamiento de este municipio.
Junto al alcalde también están imputados por presunta prevaricación los concejales socialistas Santiago Navarro, Antonio Soria y Manuel Ortega, quienes acudirán a declarar el próximo 23 de mayo a partir de las 10:00 horas.
Tal y como expone Infoalcores, de los supuestos contratos ilegales se beneficiaron muchos militantes socialistas y familiares de cargos públicos. El caso fue archivado por el juzgado de Carmona porque el juez apuntó que no había indicios de delito, ni faltas de carácter administrativo o laboral, pero ha sido reabierto tras presentar el PP de Mairena el recurso al fallo.
Antonio Casimiro expresó ante la nueva apertura del caso que “la Justicia debe concluir el proceso para que no quede atisbo de duda de la legalidad de las contrataciones municipales”, agregando que son los populares los que quieren sacar partido electoral del caso, que “recurren la sentencia con la intención de judicializar la vida pública e influir en la opinión de los ciudadanos al estar cercanas las próximas elecciones municipales”.
En la nueva apertura, el juez reconoce ahora, según informaba ABC de Sevilla a principios de año, que “tras un pormenorizado examen” se han descubierto “indicios suficientes de hechos que, de ser ciertos, pueden constituir un delito de prevaricación”.
El citado diario expone como ejemplo de anomalías en las contrataciones la elección de la novia del hijo de un concejal sin haberse realizado un proceso de selección previo. Además, el juez expone en el auto que “existen otros contratados que mantienen relaciones de parentesco con algunos concejales militantes del partido político gobernante o afines al mismo”.