La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Audiencia Provincial de Sevilla ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción de Cazalla de la Sierra al concejal de Igualdad, Bienestar Social, Relaciones Institucionales y Empleo del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, Antonio Torres Murillo, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio al haber construido una vivienda en una finca «de especial protección» que no admitía usos residenciales.
Sevilla Actualidad. Según la denuncia, elevada al juzgado de Cazalla de la Sierra y recogida por Europa Press, en enero de 2004 el edil socialista Antonio Torres Murillo solicitó autorización para construir una nave de aperos en la finca ‘El Escamarral’, ubicada en el término municipal de Las Navas de la Concepción dentro del parque natural de la Sierra Norte de Sevilla.
La Consejería de Medio Ambiente informó favorablemente ante esta reclamación del edil permitiendo la construcción de la nave de aperos, aunque posteriormente, el arquitecto del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción advirtió de la prohibición de usos residenciales de la finca «de especial protección» , según afirma la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Audiencia Provincial de Sevilla en la denuncia que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción de Cazalla de la Sierra por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.
Una inspección realizada el 7 de julio de 2006 por un agente de Medio Ambiente dio cuenta de que la construcción del concejal socialista excedía «notablemente» la autorización concedida por la Consejería, dado que «el denunciado había alzado una vivienda» además de la citada nave.
Más tarde, tras una segunda inspección que se lleva a cabo el 30 de octubre de 2008, los agentes comprobaron que las obras continuaban con la construcción de un porche.
Las obras, según la denuncia de la Fiscalía, «no gozan de licencia y no son autorizables» y son objeto de «un expediente sancionador» por parte de la Consejería de Medio Ambiente. A tal efecto, solicita el ministerio público en su denuncia la paralización cautelar de nuevas construcciones y la reclamación al denunciado de una fianza correspondiente al coste de la reposición del daño causado.