La diputada Rosa Díez (Unión, Progreso y Democracia) ha lanzado dos premisas de cara a las elecciones generales del 20N: «PSOE y PP mantienen las televisiones autonómicas pese a los resultados económicos negativos» y «cerraría las televisiones autonómicas dejándolas como segundo canal en comunidades con lengua propia».
A diferencia de las empresas privadas, los servicios públicos persiguen satisfacer las necesidades de la ciudadanía. No pretenden la acumulación de capital y ser económicamente rentables.
Con una gestión basada en criterios profesionales, el derecho de la ciudadanía a la información estaría garantizado sin la mediación política que ocupa cargos directivos y fiscaliza en buena parte de los casos que el servicio informativo que se ofrece al ciudadano se ajuste al molde propagandístico de uno u otro partido político en el poder.
Con independencia de la matriz nacionalista española que la diputada Díez pretende imprimir a Unión, Progreso y Democracia para generar una diferencia con respecto a otros partidos conservadores tradicionales, la promesa de cerrar todas las televisiones autonómicas perseguiría la homogenización de la sociedad española obviando las particularidades propias de cada una de las nacionalidades y regiones del Estado español.
Dejar únicamente las cadenas de televisión de nacionalidades y regiones con lengua propia supone, al mismo tiempo, un agravio y un claro menosprecio a la sensibilidad de otras Comunidades Autónomas a las que implícitamente la diputada Díez aboga por lanzar el mensaje de la uniformidad.
La privatización de los medios de comunicación públicos supone un error en la medida en que pone de manifiesto la incompetencia y la falta de una visión plural del país por parte de la clase política dirigente.
– En primer lugar, demuestran que el derecho a la información lo pasan por alto –como en cualquier sistema dictatorial- al prevaricar con el servicio que ofrecen las televisiones públicas autonómicas en favor de los intereses de unas siglas particulares.
– En segundo lugar, dejan patente que incapaces de cesar la prevaricación, dejar de concebir el medio como otra entidad para la colocación de cargos de confianza políticos, y de enmendar esa noción viciada de lo que es una televisión autonómica, ponen como excusa el vendaval económico para exigir la desarticulación y el cierre de otra voz en el ámbito informativo.
El cierre de un medio de comunicación supone la destrucción de empleo en el ámbito de los profesionales de la Comunicación, del Periodismo, de la Producción, de la Realización, así como del personal técnico y asesor. Un sector castigado desde 2008 como consecuencia del cierre de televisiones y medios privados, así como de la calamitosa gestión política en la puesta en marcha de la Televisión Digital Terrestre en el Estado español. La propuesta de la diputada Díez conforme a esta argumentación, lejos de constituirse como una medida anticrisis en favor de la ciudadanía, supondría generar más desempleo y estancar la cadena de producción económica.
Dejar en manos de empresas privadas toda la información que la ciudadanía recibe -alegando para hacerlo posible el supuesto costo económico de gestiones que han beneficiado a las comisarías políticas de los partidos mayoritarios- va en claro detrimento del propio sistema democrático español. Las empresas de la comunicación privadas persiguen un objetivo claro: la obtención de beneficios. Insertas en una estructura económica compleja, forman parte de grandes conglomerados transnacionales de dispares intereses.
Díez atacaría a los pilares fundamentales de la sociedad democrática en que vivimos por: pasar por alto el derecho constitucional a la información de la ciudadanía garantizado por las administraciones públicas, censurar la voz de las nacionalidades y regiones que constituyen el Estado español uniformando la información pública que reciben, romper el principio de solidaridad que recoge la Constitución de 1978 al primar la manutención de televisiones autonómicas donde hay lengua propia y cerrarlas donde no, y por último por castigar a los profesionales de la Información y de la Comunicación y destruir empleo en lugar de perseguir la prevaricación política que llevan a cabo los partidos en el seno de estas entidades.
Por último, no debe olvidar la diputada Díez que sin información veraz y rigurosa la ciudadanía no es libre de armar su propio criterio y de tomar decisiones.
¿Por qué UPyD no lanza una propuesta electoral consensuada con la Federación de Asociaciones de Prensa Española para la conformación de entes públicos capaces de ofrecer información a la ciudadanía sin prebendas y coacciones políticas que liberase de la amenaza avizora a los profesionales de los medios públicos?