Nuestra organización social, política y económica permite, según ha trascendido últimamente en los medios de comunicación, diferencias abismales entre miembros de un mismo país. Concretamente, con nuestros impuestos, nuestros ingresos en bancos, nuestras condiciones laborales, nuestras compras y demás consumiciones hemos logrado que los veinte españoles más ricos posean el mismo patrimonio que los catorce millones más pobres de España.
Ante esa perspectiva, algunos plantean que eso no puede seguir así, que es necesario ayudar al que menos tiene, y que, en caso de urgencia, el Estado debería aprovisionar una cantidad mínima de dinero a todo aquel que por sus circunstancias pudiera verse en situación de pobreza extrema.
El sistema económico imperante ha logrado que veinte personas se hayan hecho de oro a costa de los que pagan productos más caros o reciben peores condiciones laborales para que el margen de sus beneficios siempre ascienda. Nosotros, los ciudadanos, hemos ayudado a crear ese club de los veinte. Y sin embargo, cuando se plantea ayudar al club de los catorce millones, que supondría la misma cantidad de dinero que destinamos a esas veinte únicas personas, se tilda la idea, desde los sectores tradicionales, de demagógica, oportunista y utópica.
A veces uno piensa en los conceptos que tenemos instaurados en la cabeza, en las definiciones y el uso que les damos, y “utopía” es un ejemplo claro de ello, en el que más se aprecia nuestro cacao mental. En otro mundo sería considerado utópico que con nuestros actos lográsemos que veinte personas tuvieran la misma riqueza que catorce millones de ellas, pero aquí, en éste mundo, consideramos utópico plantear que catorce millones de personas puedan aspirar a tener la mínima cantidad de dinero para sobrevivir de manera más o menos digna.
En otro mundo consideraríamos utópico no establecer límites para aquellos que estén comenzando a ganar una cantidad astronómica de riqueza que no podrían gastar ni aunque viviesen mil años, pero en este mundo lo que consideramos utópico es proporcionarle una cantidad mínima al que lo necesita, pensando en que si a todos se les diera, nadie querría trabajar, como si el espíritu generalizado del individuo fuese la pereza y la nula aspiración vital, como si encontrasen fácil vivir con esa mínima cantidad de dinero que se propone y con ello se motivase al ciudadano a quedarse en el sofá.
La barrera entre lo privado y lo público es cada vez más fina, pues, ¿no somos nosotros los que sufragamos la riqueza de aquellos y permitimos la pobreza de estos? ¿No son los ciudadanos los que compran cada vez más caros los productos que ofrecen las grandes empresas privadas, y los que reciben cada vez peores condiciones laborales? ¿No son los que deben soportar el recorte presupuestario y el descenso de calidad de los servicios sociales al ser privatizados? ¿No son los que sufren el descarado trasvase de dinero de lo público a lo privado? ¿Entonces por qué consideramos distinto lo que destinamos al Estado y lo que destinamos a las grandes empresas? Las veinte personas más ricas han llegado a ese nivel gracias a nuestra aportación, y esos catorce millones más pobres han llegado al suyo gracias a nuestra indiferencia.
Si el mercado (que somos nosotros), favorece que esos ricos se hagan cada vez más ricos, no deberíamos despreciar la posibilidad de que el Estado (que también somos nosotros), trate de ayudar a los pobres que cada vez son más pobres. Si sabemos que con la misma cantidad de dinero que dirigimos a veinte personas podríamos solucionarles algo la vida a catorce millones, ¿no sería utópico ignorarlo?
Algunos economistas señalan que la medida que se propone, la famosa “Renta Básica Universal”, costaría 145.000 millones de euros al Estado, y con eso se podría ayudar a una cantidad millonaria de ciudadanos. Por el contrario, sólo las veinte personas más ricas de España acumulan 90.500 millones de euros. El dinero existe, no ha desaparecido, es sólo que está en manos de unos pocos.