El cese del cónsul de España en Washington por burlarse de la presidenta de la Junta de Andalucía al parodiar en las redes sociales su acento andaluz, a todos nos ha parecido apropiado.
Este es uno más de los habituales menosprecios que sufrimos los andaluces por nuestra particular forma de hablar el castellano; habla que, por cierto, es mayoritaria, con todas sus variantes, en el mundo hispanohablante. Es conveniente recordar que fueron los andaluces los que, en mayor medida, llevaron nuestra peculiar manera de hablar al otro lado del océano Atlántico.
El autor de la burla se mostró sorprendido por la decisión del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y la consideró “precipitada” y “desproporcionada”, porque, según él, sólo se trataba de una “broma bajo el contexto de las redes sociales y de la libertad de expresión”. El alegato, viniendo de un diplomático y, por lo tanto, de un funcionario público, resulta de todo punto inadmisible ya que, en estos casos, no es posible disociar la condición personal de la representativa.
Lo de las bromas y los insultos en las redes sociales, es un aspecto que debiéramos replantearnos muy seriamente. No es admisible que cualquiera, incluso un cónsul plenipotenciario, se crea con el derecho a acudir al patio de vecinos del Facebook y el Twitter y se dedique a burlarse, o a poner a caldo a quien se le antoje, amparándose en la libertad de expresión.
Supongo que no será nada fácil poner límites legales a la libertad de expresión en las redes, ni que nos pongamos de acuerdo en definir que es una simple broma o un intolerable insulto o quiénes deben ser merecedores de una sanción por sus excesos cibernéticos y quiénes tienen derecho a soflamar gratuitamente sin ningún coste. Porque esa es otra historia, aquí se pueden mofar del habla andaluza y de los que la practicamos, todos los políticos que quieran sin coste alguno; nadie los cesa, a lo más que llegan es a recomendarles que se disculpen.
En definitiva, que les sale gratis reírse de nosotros. Cómo si no se explica que el mismísimo vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, pida la cabeza del cónsul en Washington por menospreciar a la Presidenta y no exigiera la dimisión de su compañero de partido, Ramón Silva, concejal en Madrid, por burlarse de ella imitándola con aquello de: “queremo un PZOE ganadó”. A este graciosillo le bastó con “una sentida disculpa” para salir incólume del trance, en cambio, al cónsul de marras, como no podía ser de otra manera, no le han dado ni siquiera el derecho a la rectificación y a entonar el “mea culpa”.
Nuestro problema, en éste, como en otros muchos aspectos, es que somos nosotros los que nos faltamos el respeto. Somos nosotros los que toleramos a diario insultos más graves que el que nos ha escupido el cónsul sin que el gobierno andaluz haya hecho nada. Acaso no es un insulto tolerado que en la radio y en la televisión andaluza, gobernada por una presidenta “que se siente orgullosa de su acento”, los presentadores no hablen en andaluz. De nada vale que nuestro estatuto determine que uno de los objetivos básicos de la Comunidad sea la defensa, promoción, estudio y prestigio del habla andaluza. Desgraciadamente, son muchos los andaluces que, cada día, por un incomprensible complejo y una política lingüística hipócrita arrastrada durante décadas, se avergüenzan de su forma de hablar ante quienes no son andaluces y falsean su lengua propia como si, desafortunadamente, admitieran que el cónsul de Washington tiene razón.