visglerio-7-marzo-2017

Hace unos días conocimos que el presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, ex alto cargo de la Junta de Andalucía durante las presidencias de Chaves y Griñán, puede ser el encargado de juzgar a los susodichos Chaves y Griñán en el caso de los ERE.

También nos hemos enterado, hace muy poco, de que la jueza sustituta de Mercedes Alaya en el caso del escándalo de los cursos de formación, es amiga personal del actual consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Muchos ya han empezado con las suspicacias ante ambos hechos por si coadyuvaran hacia un trato de favor.  

Uno, que siempre recuerda a la justicia representada como una dama impasible con los ojos vendados, sustentando la balanza de la igualdad en la mano derecha y la espada justiciera en la izquierda, quiere pensar que el juramento de imparcialidad de los jueces y fiscales se les presupone en cualquier caso y en cualquier circunstancia. Los recelos ante el funcionamiento de la justicia devienen, precisamente, de la pérdida de credibilidad del poder judicial cuando sus miembros utilizan las puertas giratorias para regresar a la judicatura después de haber tomado partido en el poder legislativo o en el ejecutivo participando en listas electorales o en puestos de designación política.

Uno de los pilares del estado de derecho y de la democracia es la confianza plena en la justicia y sus administradores, consecuencia del principio de “División de Poderes” formulado por el barón de Montesquieu.

En nuestro país la división de poderes quedó sentenciada en los años ochenta en el momento en el que Alfonso Guerra pronunció la frase “Montesquieu ha muerto”, cuando la mayoría absoluta del PSOE, modificó los criterios de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, haciendo recaer su elección en las Cortes y por lo tanto en los partidos. Desde entonces PSOE y PP deciden quienes gobiernan el poder judicial repartiendo las poltronas entre sus afines.

Después de la proclama de Alfonso Guerra, comenzó también el juego de las puertas giratorias con el consiguiente descrédito de la justicia; lo inició, Baltasar Garzón, por entonces el juez más admirado y valorado por todos los españoles, cuando decidió formar parte de la lista electoral del PSOE, por Madrid, encabezada por Felipe González y posteriormente dimitió por discrepancias con él y su partido. Cuando volvió a su puesto seguía siendo el mismo juez, pero muchos soslayaron su brillante ejecutoria y pasaron a calificarlo de vendido a los socialistas o de traidor al PSOE. Después de Garzón han sido muchos otros los que han practicado el juego de la puerta giratoria como, por ejemplo, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que también es juez en excedencia.

Dice el dicho que la mujer del César, además de ser honrada, debe parecerlo; pero en los casos de las puertas giratorias la cosa es peliaguda. Si llegado el caso, cuando Zoido regresara a su plaza de juez, tuviera que juzgar a un concejal del PP por prevaricación, ¿qué piensan ustedes que ocurriría? Yo creo que sólo una sentencia suya tendría credibilidad para la mayoría: la que condenara al ex compañero, todo lo demás generaría controversia; tendríamos entonces un juez creíble pero probablemente no sería un juez justo ni imparcial.

Por eso yo, personalmente, creo que los jueces y fiscales, deben tener vetado de forma vitalicia su regreso a la judicatura: los que se vayan a la política no deben volver nunca a sus plazas. Entiéndase, no digo que no podamos beneficiarnos de la experiencia profesional de los jueces en la acción política, lo que digo es que no debemos contaminar la justicia con suspicacias, muchas veces más que infundadas. Creo que en estos casos se debe aplicar la sentencia jesuítica: “quien evita la tentación evita el pecado”, porque si el pecado llega, la penitencia nos la impondrán a todos y todos sufriremos sus consecuencias.

De lo único que estoy convencido es de que tenemos que resucitar a Montesquieu porque para acatar y respetar las sentencias judiciales éstas deben proceder de un poder judicial plenamente independiente; si no es así, la democracia llevará mal camino porque no puede haber una justicia a la carta ni al dictado; hoy por hoy, después de las últimas sentencias, da la impresión de que es así y da la sensación de que la mujer del César no sólo parece deshonesta, sino que además lo es. 

Hijo de un médico rural y de una modista. Tan de pueblo como los cardos y los terrones. Me he pasado, como aparejador, media vida entre hormigones, ladrillos y escayolas ayudando a construir en la tierra...