Dice el refranero popular que “quien rompe paga y se lleva los tiestos rotos”, una sentencia que, por evidente, parece una perogrullada, aunque hay veces en las que lo difícil es determinar a quién se refiere el pronombre.
Vamos, que hay ocasiones en las que sabemos lo que se ha roto pero no sabemos quién es el responsable de la rotura y, por lo tanto, del pago, a pesar de que parezca indiscutible la autoría.
En el caso del hotel de la playa El Algarrobico, en Carboneras, el Tribunal Supremo acaba de determinar, después de diez años de pleitos y sentencias contradictorias, que el complejo turístico está construido invadiendo los 100 metros de la franja de dominio público marítimo-terrestre y que se levantó en una zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar; parece que esta aberración urbanística tiene las horas contadas.
La resolución judicial tiene una consecuencia inmediata: el hotel habrá que derribarlo y seremos nosotros, sin ninguna duda, los que pagaremos los platos aunque nunca hayamos roto uno. De momento la demolición nos va a costar 7,1 millones de euros; después, seguramente, tendremos que pagarle al promotor los gastos de la construcción y el lucro cesante, algo que reclama en los tribunales por un monto total de 70 millones de euros, que no son precisamente reales de vellón, y que seguramente ganará porque resulta que este señor tenía licencia municipal y autorización de la Junta, además de alguna subvención autonómica para construir el hotel. Vamos a pagar entre todos por la arbitrariedad de una decisión política y al final los responsables reales del estropicio seguirán en sus poltronas.
He utilizado hasta ahora el plural mayestático, porque creo que este asunto nos debería hacer reflexionar sobre la titularidad del dominio público que aunque, desgraciadamente, para muchos no es de nadie, nos pertenece a todos. Creo que, tomando como ejemplo El Algarrobico, ha llegado ya la hora de exigir responsabilidades patrimoniales a los políticos que, de forma consciente o por dejadez manifiesta, dañan el interés general y trasladar también esa responsabilidad subsidiariamente a sus partidos. A lo mejor así se cuidaba más de uno de hacer experimentos con el dinero de todos y el partido dejaba de amparar a algún que otro desalmado. Porque lo que parece claro es que nosotros no tenemos porqué seguir pagando los trastos que no hemos roto y mucho menos cargar con los escombros.