Podría ser una respuesta proveniente del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Una cualquiera. Si ya es grave conducir superando el límite de alcoholemia, ser delegado de seguridad y tráfico, el hecho de tener dispositivos especiales para feria, y también para elecciones europeas, más grave resulta aún, que un gobierno de una ciudad como Alcalá, no sepa reconocer un error imperdonable.
Es una lluvia de críticas las que desde hoy le van a empezar a caer al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y no es para menos. No obstante, es el concejal que obliga a mantener el orden y la tranquilidad en la ciudad, el que sin mayor problema, conduce superando el límite de alcoholemia.
Pero el gobierno municipal, no cree que esa sea razón suficiente para expulsar del mismo a dicho delegado. Se supone que se predica con el ejemplo, más si es un cargo público. Pues eso será en Alcalá, no. Al menos teniendo en cuenta la respuesta de la Portavoz municipal.
María José Borge dice, que es una mera sanción administrativa, que el delegado ha abonado ya, en tiempo y forma. Mirándolo así hasta se ha ahorrado unos euros por prontopago.
Para Borge, Manuel García Torres no ha cometido ningún delito. Y es cierto. Legalmente no, pero políticamente ha sido un hecho más que reprobable. Pero ya no sólo es criticable la actuación del delegado, dando una enorme muestra de irresponsabilidad, sino también del gobierno local, que intenta justificar, una acción así.
Y es que para Borge, García Torres “como cualquier alcalareño” ha asumido su responsabilidad, pero se olvida de la responsabilidad real, la política. García Torres es un cargo público y como tal debe responder de sus acciones ante la ciudadanía, le guste o no.
Antonio Gutiérrez Limones. Espectador de excepción de la escena, pues él mismo era quien acompañaba en el vehículo al mismo delegado. Debe retomar la situación, poner orden. La conducta del pasado día 7 y la respuesta de hoy no es ni de lejos el ejemplo que deben dar a una ciudad como Alcalá. ¿Responsabilidad, eso qué es?