En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile de 2017 el líder del centro-derecha Sebastián Piñera obtuvo un 54,58% de los votos frente al 45,4% del izquierdista Alejandro Guillier. El candidato perdedor exhibió un discurso más radical que sus predecesores de la Concertación (1990-2013) y de la Nueva Mayoría (2014-2018). Ricardo Lagos (2000-2005) o Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), siendo socialdemócratas moderados, mantuvieron las líneas básicas de las políticas liberales que a lo largo de las últimas décadas han permitido a Chile reducir la pobreza y convertirse en el país más próspero de Hispanoamérica.

Las claves de la victoria del centro-derecha fueron que los democratacristianos no apoyaron a Guillier por los guiños que había hecho a la extrema izquierda y, sobre todo, los logros del primer mandato de Piñera (2010-2014) que contrastaban con los pobres resultados del segundo mandato de Bachelet (2014-2018). Con Piñera, por ejemplo, la economía había crecido un 5,3% anual y en el segundo mandato de Bachelet solo un 1,8%. La administración de Bachelet, además, sufrió también el desprestigio por el aumento de la deuda pública que ponía en peligro los servicios estatales y la corrupción (Caso Caval).

En la primera vuelta de las elecciones el Frente Amplio, que aglutina a varios partidos populistas de extrema izquierda, integrantes del Foro de Sao Paulo y muy próximos al régimen bolivariano de Maduro, obtuvo solo un 20,27% de los votos. La mayoría de sus simpatizantes apoyaron a Guillier en la segunda vuelta.

El pasado otoño Chile sufrió graves disturbios que tuvieron su origen en Santiago (6 de octubre), pero que se extendieron a todo el país. El pretexto fue la subida de las tarifas del transporte público de Santiago. Bachelet había subido el billete mucho más que Piñera y no hubo protestas. El día 19 Piñera anunció que suspendería el alza de los precios del transporte público (supuestamente el motivo de la protesta) y prometió atender las reivindicaciones de la izquierda (como la reforma de la Constitución). Pero los saqueos, incendios y altercados continuaron. Aprovechando la confusión, los delincuentes comunes empezaron a robar en comercios y viviendas. La situación llegó a ser tan caótica que el día 22 de octubre Piñera pidió perdón y anunció una serie de reformas (Nueva Agenda Social) que implicaban renunciar al programa de gobierno que había apoyado la mayoría de chilenos y asumir las reivindicaciones de la izquierda que habían sido rechazadas en la urnas. Ante el dilema de acabar con los disturbios o cumplir su programa, Piñera optó por la paz social, traicionando a su electorado. Sin embargo, las marchas y los enfrentamientos se recrudecieron… El objetivo realmente era derribar el gobierno de centro-derecha. La supuesta preocupación de los populistas por las diferencias sociales era solo un pretexto para ejercer la violencia.

Durante años la izquierda populista chilena ha ido elaborando un relato victimista que no se corresponde con la realidad, pero que es repetido machaconamente por algunos medios de comunicación. Este relato exagera las diferencias sociales del país y las cifras de pobreza, pese a que Chile es el país más próspero de Hispanoamérica y el que ofrece más oportunidades de movilidad social. El Frente Amplio, además, reclama unos niveles de servicios públicos que la economía chilena no puede sostener y que ninguno de los países de la región que tienen regímenes populistas de izquierda ofrecen a sus compatriotas. Prueba de que los altercados tenían un carácter ideológico más que social son los incendios de iglesias o del periódico conservador “El Mercurio”. Realmente los disturbios eran un ataque a la derecha chilena por haber ganado las elecciones.

Las protestas siguieron el mismo esquema que otros actos similares desarrollados en otros lugares como Cataluña: por una parte se convocaban actos pacíficos, con una coreografía políticamente correcta, para hacerse la foto y aparecer en la prensa internacional como un movimiento no violento que supuestamente solo busca la justicia social, y al mismo tiempo se desataban actos de suma violencia, con profesionales en tácticas de guerrilla urbana que obligaba a la policía a intervenir para evitar destrucciones e incendios. Las imágenes ofrecidas en algunos medios de estos últimos actos presentaban a la policía atacando a los manifestantes omitiendo las imágenes de la violencia previa ejercida por los manifestantes.

Las revueltas fueron aprovechadas por delincuentes para realizar saqueos en comercios y viviendas particulares. El balance de las revueltas ha sido de 26 muertos (la mayoría a causa de los saqueos y solo 4 por efecto de la intervención policial). Las pérdidas materiales ascienden a 3.000 millones de dólares (sin contar los trenes y las estaciones de metro incendiadas). ¿Es justo que la ciudadanía tenga que pagar los daños realizados por profesionales de la guerrilla urbana y los saqueadores?

Se estima que, como consecuencia de los altercados, se han destruidos entre 100.000 y 300.000 puestos de trabajo. El desempleo antes de los altercados era el 7% y al finalizar se situaba en el 10%.

Aunque Piñera siga siendo presidente han ganado los populistas pues han logrado desmoralizar a los votantes del centro-derecha que han visto cómo su líder ha traicionado el programa que apoyaron. Por otra parte, la extrema izquierda se verá beneficiada del aumento del paro y de los problemas económicos y presupuestarios generados por los altercados.

La Democracia chilena ha sufrido un duro golpe porque la violencia callejera de los populistas de extrema izquierda y los saqueos se han impuesto a la voluntad de los chilenos manifestada en los resultados electorales. Muchos chilenos que apoyaron el programa de Piñera se plantean en estos momentos para qué votar. Si se impone la violencia callejera a la voluntad popular expresada en las urnas la Democracia tendrá sus días contados.

Javier Jiménez

Javier Jiménez

Profesor de Bachillerato. Miembro fundador de la Asociación Padre Flores y autor de numerosos trabajos de Historia local.

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