Recientemente nos desayunábamos con un ‘recorte’ nuevo: las víctimas de violencia ya no se medirían según datos de morbilidad hospitalaria sino según su tiempo de ingreso en algún centro médico.
El Ministerio anunciaba, allá por ese siglo llamado octubre, que iban a mejorar las estadísticas sobre violencia de género. Impensable que en un país desarrollado y políticamente igualitario (léase la sorna) la violencia de género como problema quedase asimilado a los asesinatos por tal causa.
Hablamos de un problema de Derechos Humanos, de salud pública, de seguridad y de integridad personal. Y el Gobierno debía estar muy al corriente de la magnitud del problema y de la urgencia por solventarlo, o, al menos, por visibilizarlo en toda su magnitud. De ahí que declarase que además de las cifras de muertas, la estadística oficial por violencia de género incluiría los datos relativos a las heridas. Eso sí, de las que tuvieran constancia. Es decir, que el recuento se haría mediante centros hospitalarios o médicos y a través de partes de lesiones o denuncias médicas.
En octubre. Ahora, en julio, la cosa parece haber cambiado. La violencia de género en España no será un compendio de muertas y heridas (lo cual ya ocultaba un significativo número de casos: las que no acuden a ser curadas, las que tienen golpes que no se ven, las que consiguen colarnos que se cayeron por la escalera, las violaciones que no salen de las habitaciones de matrimonio o de debajo de puentes oscuros, etc. etc. etc.), ahora, para “contar” debe uno (una) haber estado ingresada, al menos 24 horas. A lo que hay que sumar el 90% de las maltratadas no acuden al hospital.
¿De qué estamos hablando pues? ¿Quieren o no quieren saber cuántas agresiones (que no víctimas, insisto, víctimas hay muchas más) se dan en nuestro país? Seguramente quería (subrayo el pasado) el Ministerio saberlo. Pero quizá sólo hasta que se dio cuenta del calado de las cifras. Coincido totalmente con el análisis propuesto por Rafael J. Álvarez en El Mundo: un cálculo político desaconseja aparecer como el Gobierno con las cifras más altas por violencia de género. Una media de mil denuncias al mes no es poca cosa para un Gobierno en el estado del nuestro.
Esta especie de recorte estadístico no es sólo reprobable sino que deslegitima cualquier declaración de buena voluntad en cuanto a políticas de género (ahora pesará siempre más a los ojos de la ciudadanía el celo partidista que el interés en la gestión del problema) pero no podemos olvidar que, desde 2003 llevamos asimilando violencia a muertes sin que a nadie se le haya ocurrido incrementar o complejizar, en lo más mínimo, dicha estadística.