Que el poder político ha devenido en una masa informe condicionada por multitud de elementos externos y ajena a los intereses de los ciudadanos es un hecho incontestable. Cada día presenciamos cómo nuestros representantes claudican en sus funciones y deberes a favor de un ente obtuso y fuera del control democrático, fácilmente identificable con ese jerárquico sistema dictatorial que componen banqueros, especuladores, abogados, traficantes de diversa índole, políticos y mentirosos varios.
Jesús Benabat. Esto que planteamos no es ningún hallazgo. No obstante, ahora poseemos documentación suficiente para ilustrarlo. La polémica Ley Antidescargas desarrollada por la actual administración socialista (también conocida como Ley Sinde, en honor a la inefable ministra de Cultura, Ángeles González Sinde) a finales del pasado año y camuflada entre la extensa legislación de Economía Sostenible para dejar sin voz al extenso y beligerante colectivo de internautas, se erige como un flagrante ejemplo de la inoperancia de un gobierno sin iniciativas ni ideales.
Tal y como ha publicado el diario El País con motivo de la filtración de documentos secretos de la política exterior de Estados Unidos (sacados a la luz por Wikileaks), diversos miembros de la cúpula del gobierno recibieron presiones por parte de la embajada estadounidense en Madrid que instaban a concebir en España una estricta legislación que pusiese coto a las descargas ilegales de películas y música desde la red. Al parecer, este asunto se convirtió en el principal caballo de batalla de Estados Unidos respecto al nuevo gobierno progresista que accedió al poder en 2004, con el cual había fricciones evidentes con motivo de la retirada de tropas de Irak.
Aún con la parafernalia mediática de disgusto e indiferencia escenificada entre ambos países a lo largo de la administración Bush, fueron muchos los cargos de gran importancia (entre ellos Dan Glickman, presidente de Motion Pictures, organización que engloba a todas las majors de Hollywood) que visitaron Madrid con visos de un fructífero acuerdo que paliara la sangría padecida por el establishment cultural norteamericano a raíz de la extensa oferta gratuita ofrecida en Internet. Con la llegada del nuevo presidente Barack Obama, la presión, lejos de disminuir, arreció con mayor virulencia, desembocando en la rendición del vasallo más débil.
El Gobierno, con su ministra de Cultura a la cabeza (un personaje que pasará a la historia del país por su total falta de escrúpulos y su rol dual dentro de la industria cinematográfica), desestimó el clamor desatado entre la comunidad virtual y desarrolló una ley injusta que instituía un nuevo ente censor al que se le atribuyó el nombre de policía cultural de Internet, cuyo objetivo primordial sería perseguir a aquellas páginas web que compartieran contenidos culturales con copyright. Ahora, tras un año de discurrimiento en el Congreso y diferentes enmiendas a su conjunto, se vota hoy su aprobación subrepticiamente, en el más absoluto silencio, ese que tanto gusta a los mentirosos y a los cobardes.
Suerte que la red se moviliza, aunque sea virtualmente, cuando las situaciones impelen a ello. Un nuevo movimiento de protesta, el Sindegate, viene llevando a cabo en las últimas semanas una intensa actividad de concienciación que incluye la presión a los partidos políticos que votarán en el Congreso de los Diputados la aprobación de la ley.
Cuando aseveramos que el capital manda, no estamos recurriendo gratuitamente a nociones de épocas pasadas. De poco importa el libre acceso a la información o el derecho al conocimiento del ciudadano cuando se interpone ante él cuestiones monetarias, y además, foráneas. Es de una desfachatez insultante que el gobierno español pretenda enarbolar los intereses de su maltrecha industria como razón de esta cruzada antidescargas cuando el producto nacional representa un nimio porcentaje del consumo virtual. Una vez más, se nos ponen trabas a nuestra ya casi inexistente libertad con la más absoluta impunidad, esa que los políticos son tan hábiles de administrar. Hoy puede que sea un día histórico, aquel en el que murió la red como un extenso y fascinante catálogo de Cultura sin límites. Qué paradoja que sea la ministra de esa cartera la que certifique su defunción.
El Partido Socialista continúa su veloz carrera hacia el descalabro. Cuando ya sólo queden sus ruinas, la sensación general será que su desgracia ha sido totalmente merecida.