Debido al aumento de los precios de los productos de primera necesidad, los ciudadanos de la capital mozambiqueña han salido a las calles montando barricadas, paralizando el tráfico y el funcionamiento de las instituciones públicas, comercios y bancos. La revuelta ha acabado con más de un centenar de detenciones, heridos y ocho manifestantes muertos, entre ellos dos niños.
RedComÁfrica.OsvaldoTembe. Tras el incremento de los precios de los productos alimenticios de primera necesidad y del material de construcción durante el mes de agosto, fue anunciada la subida del precio del agua y de la luz a partir del 1 de septiembre, así como el del pan a partir del lunes 6 de septiembre. Por este motivo los ciudadanos salieron a las calles y paralizaron la vida económica y social en Maputo, capital Mozambique, lo que se extendió a la ciudad vecina de Matola, el principal parque industrial del país.
Las ciudades de Maputo y Matola quedaron prácticamente incomunicadas debido a los numerosos troncos y neumáticos que ardían en las inmediaciones de sus carreteras. Estos actos estuvieron acompañados de disturbios en diversos puntos, particularmente en los barrios suburbanos en los que viven las poblaciones más desfavorecidas.
La mayoría de las familias de la zona viven con menos de 2 dólares al día, en un país en el que un saco de arroz se puede adquirir por un valor equivalente al de un salario mínimo que no llega a los 50 dólares estadounidenses.
Bloqueadas las principales carreteras del país
Las dos carreteras principales que salen de la capital mozambiqueña continúan totalmente bloqueadas: la Carretera Nacional Número 1, que es la principal del país, une la capital con las otras provincias del país; la Carretera Nacional Número 4, que une la capital con África del Sur y Swazilandia, pasando por Matola, tiene la circulación restringida.
Por otra parte, las avenidas de Angola y Acordos de Lusaka, que llevan al Aeropuerto Internacional de Maputo, única entrada y salida aérea de la capital del país, también continúan cerradas.
La ciudad de Maputo se encuentra sin transportes públicos e incluso los privados tienen dificultades para circular, lo que ha paralizado tanto las instituciones públicas como las privadas, dado que la mayoría de la populación vive fuera del centro de la ciudad.
Ante esta situación, los manifestantes salieron de forma espontánea a las calles a montar barricadas en las calles, lanzar piedras contra la policía y los coches y a quemar neumáticos. Varios establecimientos comerciales han sido saqueados, lo que ha provocado que por las calles se viera a jóvenes, niños y mujeres transportando sacos de arroz, maíz, azúcar y otros productos de primera necesidad.
Para plantar cara a esta situación, la Policía de la Republica de Mozambique (PRM) colocó estratégicamente brigadas policiales en lugares de alta concentración popular, incluyendo patrullas altamente equipadas, como los agentes de los Servicios de Información y seguridad del Estado (SISE).
Las fuerzas policiales utilizaron gas lacrimógeno y balas de goma, pero también hubo casos en los que se han utilizado balas auténticas, a pesar de que el ministro del Interior, José Pacheco, dijo la tarde de ese mismo día que no se había solicitado ni autorizado al uso de balas de fogueo.
El discurso del jefe de Estado no consuela a la población
Después de que las manifestaciones arrancasen a primera hora de la mañana del día 1 de septiembre, únicamente hacia las 19 horas (locales), ya de noche, se dirigió el jefe de Estado, Armando Guebuza, a la Nación.
Empezó lamentando las pérdidas humanas para, acto seguido, condenar la manifestación, calificándola de agitación y de vandalismo contra establecimientos públicos y privados. A continuación, Guebuza responsabilizó de las carestías del país a factores externos como la crisis financiera internacional.
Sin embargo, no propuso soluciones concretas, sino que se limitó a afirmar que su gobierno trabajaría para mejorar las condiciones de vida de la población.
La reacción popular ante el discurso del jefe de Estado fue de insatisfacción, por considerarlo vacío y carente de soluciones, sin ofrecer ninguna esperanza concreta al pueblo mozambiqueño, la mayoría del cual vive en una situación de pobreza absoluta mientras que una minoría, de la que forma parte la elite política, ostenta grandes fortunas.
Al día siguiente, el 2 de septiembre, y a consecuencia del refuerzo de las patrullas policiales, los focos de rebelión popular se redujeron, especialmente en lo referente a los ataques vandálicos a las instituciones. Sin embargo, los transportes públicos, los establecimientos comerciales y otros servicios continuaron parados o siguieron funcionando a medio gas, ya que todavía planeaba cierto clima de inseguridad.
En algunas calles todavía podía encontrarse neumáticos ardiendo, y a la vista de que la fuerza policial se mostraba insuficiente para contener las manifestaciones, los porfiados manifestantes volvían, en cuanto aquélla se ausentaba de uno de los focos, a levantar barricadas y a incendiar neumáticos.
Durante toda la mañana del día 2 pudieron oírse los disparos al aire de la policía, acompañados por el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los congregados.
Resquicio negro
Según fuentes policiales, las consecuencias del día 1 de septiembre presentaban cerca de 150 detenidos, más de 30 heridos, cerca de 40 establecimientos asaltados, tres de transportes de pasajeros, uno del Ayuntamiento Municipal de la capital y uno del Tribunal Administrativo.
En el parte de defunciones, se inscribieron ocho muertos, pero se cree que datos más reales muestren daños mayores.
Entre los establecimientos paralizados se encuentran el Aeropuerto Internacional de Maputo, los dos grandes bancos del país, las instituciones de enseñanza y los hospitales, que trabajan con falta de personal. Dos estaciones de servicio, bancos, grandes almacenes, entre otros, fueron asaltadas.
El 1 de septiembre quedará en la historia como el día de la mayor manifestación popular del país, y la más intensa y sofisticada, después de la que tuvo lugar el 5 de febrero de 2008, también debido a la precariedad de vida, concretamente cuando se anunció la subida del precio de los transportes público, situación que obligó al Gobierno a subsidiar los combustibles a los transportistas para poder mantener los precios en la práctica.