La Fiscalía ha hecho definitiva la petición de 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los cinco acusados de violar en grupo a una joven en las fiestas de San Fermín de 2016.
La Fiscalía ha mantenido hoy en una nueva sesión de la vista oral del juicio a los cinco sevillanos acusados de violar en grupo a una joven en las fiestas de San Fermín de 2016 la petición de 22 años y diez meses de prisión para cada uno. El Ministerio Público considera «absolutamente contundentes» las pruebas contra los acusados. En la sesión, la primera que se celebra a puerta abierta y en la que se ha permitido acceder a ciudadanos y periodistas, presentan sus conclusiones las distintas acusaciones, siendo las del Ministerio Público las primeras en ser expuestas. La fiscal Elena Sarasate considera que ha quedado «acreditado» que los acusados cometieron un delito continuado de agresión sexual, además de otro contra la intimidad por el robo de un móvil, que sustrajeron con el conocimiento de todos ellos para «dejarla indefensa». «Creían que no les iban a pillar», asegura el informe.
La Fiscalía apoya así el relato de la joven, que califica de «absolutamente coherente» descartando que se tratase de una denuncia falsa y señala que «no está exagerando en nada lo ocurrido, no ha habido ningún tipo de exageración», así como que las pruebas presentadas a lo largo del juicio avalan su testimonio. El informe fiscal asegura que la joven «no tuvo otra posibilidad que resignarse» ante la » superioridad física y ambiental» de los acusados, y por ello no cabe «exigir ninguna resistencia a la víctima», pues «no había ninguna posibilidad de resistencia». De esta manera «se utilizó la fuerza mínima necesaria para vencer su resistencia. Sí hubo una violencia, mínima, pero la hubo». La fiscal no considera que en ningún momento la víctima diese su consentimiento, e invalida la argumentación de la defensa de que no hubo negación por su parte, pues los acusados no preguntaron conscientes de cuál iba a ser la respuesta: «Mejor no pregunto si está de acuerdo porque sé que la respuesta va a ser que no», recoge el informe del Ministerio Público.
Para Sarasate, lo sucedido en la noche de los hechos fue a todas luces una violación, lo que queda manifiesto también en los vídeos que los acusados grabaron, que muestran «una mujer que está siendo utilizada» y a la que «obligan a mantener relaciones sexuales forzadas». Mantener que las relaciones se produjeron con consentimiento, «después de ver los vídeos es bastante complicado y difícil».
A juicio de la Fiscalía, los acusados «creían que gozaban de una impunidad que afortunadamente no tuvieron», «creían que no les iban a pillar». Además, acusa a los imputados de preparar sus declaraciones, en las que aprecia «contradicciones manifiestas», aprovechando la presentación de las distintas pruebas.
Sarasate ha hecho también definitiva la petición de indemnización por valor de 100.000 euros por daños morales, puesto que «no queda ninguna duda del sufrimiento moral que estos hechos le han producido», incidiendo en el «especial daño moral» que le produjo a la víctima descubrir que estaba siendo observada por detectives contratados por la defensa, que mintieron «manifiestamente» en el informe que presentaron y cuya retirada «no nos sorprende». También se ha referido a la fotografía de Instagram en la que la víctima aparecía y que fue igualmente presentada como prueba, de la que ha dicho que «no merece ni la pena hablar» y que muestra que la víctima «evidentemente tiene una vida normal, faltaría más».
Por su parte la acusación particular en representación de la denunciante ha mantenido también su petición de casi 25 años de prisión para los acusados.