En Andalucía se estima que haya un total de 822.000 desplazamientos aproximadamente debido a los primeros días de julio/Foto de archivo.

La intención del Gobierno de Pedro Sánchez de establecer un sistema de peajes para 2024 sigue adelante. Ahora, el Gobierno, se ha comprometido con la Unión Europea tener planteado este sistema de peajes en las autovías para el verano de 2022 y su entrada en vigor en el año 2024.

Esto choca con los planes de consenso que aseguraban desde el Gobierno. La portavoz del gobierno ya aseguró en rueda de prensa, tras el acto de presentación del Plan Industrial de Alcalá de Guadaíra, que esta fecha «puede ser orientativa». Esta dependerá, dijo, de la recuperación económica y de la vuelta a los niveles habituales de crecimiento del PIB. Montero explicaba que era una medida que se está «estudiando» dentro de un «proyecto integral» que permita «una movilidad sostenible» y que los ciudadanos se puedan desplazar «con un transporte del siglo XXI».

Asimismo, ha afirmado que se está trabajando «con diálogo y consenso» por parte del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dentro de un «paquete» que permita «homologar el mantenimiento de las carreteras en España a lo que ocurre en los países vecinos» y así empezar a trabajar en el sistema de peajes en 2022.

El Gobierno, ademas, pretende poner sobre la mesa una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, con la que espera transformar la movilidad de España, «la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de ‘quien contamina paga'», asegura el documento, como ya avanzó el Gobierno en el que remitió a Bruselas en el marco de las ayudas europeas.

«El objetivo de esta medida es internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero», dice.

Esta intención de poner peajes se basa en criterios de salud medioambiental y en el abultado déficit que supone la conservación de las carreteras. El Gobierno pretende llevar a cabo primero una campaña de concienciación de la población y asegura que buscará un acuerdo social y político para sacar adelante esta reforma.

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