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El sistema de elección de vocales del CGPJ pone en jaque la recepción de fondos europeos por sus similitudes con la polémica reforma judicial polaca

Polonia aprovecha la coyuntura para advertir a la UE de que, si ésta no reacciona de manera equidistante con España, el Gobierno de Varsovia podría bloquear las transferencias directas que tanto necesita este país

“Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al poder judicial por mayoría de tres quintos en el Parlamento, ¿Qué hará Bruselas si España nombra al Consejo General del Poder Judicial por la mitad más uno?”. Ésta es la gran pregunta lanzada en redes sociales por el viceministro polaco de Exteriores, Paweł Jabłońsk, que ha causado una tormenta perfecta fuera y dentro de nuestras fronteras para afianzar más que nunca el vínculo entre los fondos de recuperación europeos y el respeto del Estado de Derecho.

Polonia, aún convaleciente de la pretérita influencia soviética, amenaza con vetar las anheladas ayudas de la UE para superar la crisis socioeconómica del Covid19 si, ya que, según su criterio, se sigue amenazando su sacrosanta soberanía en asuntos tan relevantes como el poder judicial, una materia que, em opinión de Jabłońsk, es asunto interno de cada país.

Preocupantes similitudes y moneda de cambio

A pesar de que España aún no se encuentra en el punto de mira por titubear con la separación de poderes, es cierto que en el informe que publicó la Comisión Europea el pasado mes de septiembre sobre la salud del Estado de Derecho en este país, se le leyó la cartilla instando al Gobierno a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a tener en cuenta un posible desliz con la politización judicial.

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En Polonia se cambió el procedimiento para elegir a los vocales del órgano homólogo al CGPJ, una tarea que antes pertenecía a los jueces, y con la reforma judicial, pasó al Parlamento. En España, la mitad más uno restará pluralidad en la elección de vocales y, aunque no ocurra exactamente igual que en Polonia, el mero hecho de relacionar ambos países en este campo, no beneficia en absoluto al momento de petición de fondos europeos en el que nos hallamos.

Tampoco ayuda que, sin ser una réplica exacta, las cercanas coincidencias asusten: Polonia no esperó a que su ministro de Justicia cesara en el cargo para convertirse en fiscal general del Estado, aquí, Dolores Delgado guardó un tiempo muy estrecho de cortesía, pero el tránsito fue idéntico.

En un momento tan delicado como el actual, no solo los hechos no pueden ser, sino tampoco parecerlo porque países como Dinamarca, Países Bajos o Finlandia pondrían pegas para dar luz verde a las transferencias directas que necesita España, un bloqueo al que claramente se sumarían Polonia o Hungría reivindicando un trato equidistante.

Esta semana se ha publicado un nuevo sondeo encargado por el Parlamento Europeo y efectuado a principios de octubre: casi ocho de cada diez encuestados (el 77%) respalda la idea de conceder fondos de la UE a los Estados miembros bajo la condición de que el Gobierno del país respete el Estado de derecho y los principios democráticos. Al menos siete de cada diez personas consultadas están de acuerdo con ese enfoque en 26 Estados miembros (el 80% en España).

Tampoco convence al Consejo de Europa

El Consejo de Europa, órgano de cooperación internacional que no hay que confundir con el Consejo Europeo, tampoco ve con buenos ojos el cambio en el sistema de elección de vocales del CGPJ propuesta por Pedro Sánchez. Desde el Grupo contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) se ha enviado una carta al Ministerio de Justicia para advertir del desvío significativo de la propuesta legislativa al disminuir la mayoría suficiente para renovar a sus miembros.

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Por ello, pide al Gobierno español mantener un flujo de información constante hasta finales de mes, momento en que se celebrará la siguiente reunión del GRECO.

Una relación muy vigilada

La deriva autoritaria de Polonia ha ocasionado que Europa esté especialmente vigilante a sus movimientos y eso no gusta. En los últimos cuatro años, la Comisión ha puesto en marcha cuatro procedimientos de infracción contra reformas judiciales autorizadas por el Partido de Gobierno de Ley y Justicia (PIS), llevando en dos ocasiones al país del Este de Europa ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Entre otras razones, la reforma judicial propuesta en Polonia preveía el despido de magistrados que cuestionasen la legitimidad de las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno, además, se pretendía que el Tribunal Supremo redujese la edad de jubilación de los jueces de dicho Tribunal de 70 a 65 años, realizando diferencias entre hombres y mujeres, lo que habría supuesto que unos 27 de los 72 jueces en ejercicio del Tribunal se viesen obligados a jubilarse. Esta medida se aplica también al presidente primero del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años, fijado en la Constitución polaca, se vería prematuramente interrumpido.

Sobre el autor

Clara Fajardo

Clara Fajardo

Plumilla por vocación, he trabajado en radio, televisión y prensa on line. Profundamente europeísta y convencida de que el Periodismo es el motor de cambio de la sociedad y hay que salvaguardarlo. Para momentos de crisis, la música y el Claqué, ¡¡¡el mejor antídoto!!!

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