El Gobierno trata de recuperar el dinero que pagó por los 640.000 test de antígenos que compró a través de un distribuidor español a la empresa china Bioeasy. Según ha adelantado este martes El País, las pruebas con las que la compañía pretendía reemplazar a las originales, tampoco funcionan. Como ocurrió la primera vez, tienen una alta probabilidad de no detectar el coronavirus en una persona que esté contagiada.

A finales de marzo, el Ministerio de Sanidad tuvo que mandar de vuelta a China 58.000 test rápidos diagnósticos de un total de 640.000 que había comprado el Gobierno para iniciar las pruebas masivas a profesionales de la salud y a trabajadores y residentes en residencias de mayores. Varios laboratorios de hospitales madrileños comprobaron que la sensibilidad era de un 30%, cuando según las especificaciones debía superar el 80%.

Tras esto, Sanidad decidió devolverlo todo y cancelar los siguientes envíos que estaban previstos, pero la empresa propuso sustituir todo el pedido por otro tipo de test de antígeno, también rápido, pero que necesitaba una máquina para leer el resultado.

Ahora, se ha iniciado un expediente de reintegro para recuperar lo que se pagó por los test. «El ministerio sigue sin desvelar cuánto le costó el encargo a Bioeasy y quién es el misterioso intermediario español que hizo la operación. Sanidad no está publicando los contratos de compras de material sanitario pese a que la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha emitido un informe en el que asegura que debe hacerlo», publica El País.