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El documento firmado por ambos partidos recoge una reforma de la Constitución, una reforma fiscal y laboral, una defensa cerrada de la unidad de España y un rechazo frontal a la consulta soberanista en Cataluña.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han firmado hoy en el Congreso el acuerdo “para un gobierno reformista y de progreso” por el que la dirección de Ciudadanos ha decidido este miércoles votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El documento firmado por ambos líderes recoge una reforma de la Constitución, una reforma fiscal y laboral, una defensa cerrada de la unidad de España y un rechazo frontal a la consulta soberanista en Cataluña. Para llegar a un acuerdo por ambos partidos, Rivera ha cedido en el contrato único, mientras que PSOE accede a cuestionar el papel de las Diputaciones.

Según recoge el documento, han acordado reducir los tipos de contratos a tres, incluyendo un nuevo tipo de contrato temporal «progresivo» y con indemnización creciente, que iría de 12 a 20 días por año trabajo en caso de despido procedente y de 20 a 33 días en caso de despido improcedente. También han acordado mantener el contrato de relevo y formación, y reducir el resto de modalidades a dos: uno indefinido y otro «estable y progresivo», que serviría para cubrir puestos de trabajo de duración determinada.

Los socialistas y Ciudadanos se comprometen a crear un fondo para financiar hasta ocho días por año de antigüedad en las indemnizaciones que se correspondan con despidos individuales o colectivos, siguiendo el modelo austríaco. Si se llega a la jubilación sin hacer uso de este dinero, se podrá acumular la cuantía a la pensión. Por otra parte, el acuerdo prevé la aprobación de una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social que refuerce las sanciones para disuadir ante las infracciones e incentivar el cumplimiento de la normativa; y aumentar la plantilla de inspectores y subinspectores para luchar contra el fraude en la Seguridad Social.

PSOE y Ciudadanos coinciden en la necesidad de negociar con los agentes sociales y en el plazo de un año un nuevo Estatuto de los Trabajadores que modernice el marco normativo.

Reforma de la ley electoral

También han acordado establecer la creación de una subcomisión en el seno de la comisión constitucional del Congreso para que, durante tres meses y con la opinión de expertos, estudie la reforma de la ley electoral que debe contemplar un impulso al voto electrónico, la revisión del procedimiento electoral, la desaparición del voto rogado, o facilitar la inscripción de oficio de los extranjeros en el censo para que puedan votar en las elecciones municipales.

Ambas formaciones acuerdan establecer un sistema de «listas desbloqueadas» para la elección de los diputados, «que permita a los electores una mayor influencia sobre la elección final de sus representantes”.

Revitalizar la Ley de Memoria Histórica

En el texto del acuerdo, ambas formaciones se comprometen a «revitalizar la aplicación» de la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida como la Ley de Memoria Histórica. Para ello, acuerdan incorporar «la dotación presupuestaria que en su caso sea necesaria».

Nuevo modelo de financiación autonómica en seis meses

Su idea es que en un mes se constituya un grupo de trabajo plural para la preparación de la modificación de la ley de financiación para que en seis meses esté la nueva financiación. Además, ambos partidos quieren que se derogue la reforma local, aprobada en el 2013, con el fin de asegurar la autonomía municipal y un sistema de financiación estable para los ayuntamientos y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales.

Medio ambiente

El acuerdo incluye la derogación de la mayoría de la legislación ambiental desarrollada la pasada legislatura por el PP así como establecer el cierre de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil y alcanzar un Pacto por la Ciencia y otras iniciativas que logren recuperar 10.000 científicos. En concreto, se promoverá un gran pacto de Estado de la Energía, aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con objetivos de reducción de emisiones y que incluya tener en cuenta los elementos de riesgo climático en «en cualquier actuación pública» así como incluir en la Ley de Contratación Pública nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.

Violencia machista

Según ese pacto, se ampliaría la ley para que acogiera también otras formas de violencia contra la mujer, como la trata de personas, la mutilación genital femenina o los llamados crímenes de honor. También se ampliarían las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y la asistencia social a las víctimas por parte de comunidades autónomas y Ayuntamientos. En los juzgados especializados se crearían unidades de acompañamiento judicial especializado para asesorar a las afectadas y se crearían protocolos de intervención también para las mujeres que retiran sus denuncias o que no llegan a presentarlas.

Sanidad

El pacto sanitario alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos proclama “restablecer la universalidad del Sistema Nacional de Salud”, que dejó de ser universal con el decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, al dejar a los inmigrantes irregulares en España sin tarjeta sanitaria. Se trata de un compromiso que llevaba el PSOE en su programa electoral para las elecciones generales, en contraposición con Ciudadanos. El acuerdo entre socialistas y Ciudadanos señala también que se garantizará que el copago farmacéutico “no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de especial vulnerabilidad”, aunque no detalla de qué forma.