Considera que el Gobierno “condiciona el acceso a los servicios públicos de salud a la creación de un registro además del empadronamiento”.
La asociación de consumidores Facua considera “irresponsable e insolidaria” la propuesta anunciada por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para devolver la atención primaria a los inmigrantes irregulares. “Cinco meses después de comprometerse a hacerlo y después de anunciar el mes pasado que los inmigrantes tendrían que estar empadronados por más de un año en la comunidad autónoma en la que soliciten el acceso, ahora lo condiciona también a que entren a formar parte así de un registro”.
La asociación considera “cínico e irresponsable” que el ministro Alonso hable de «turismo sanitario» para referirse a las personas que llegan a España jugándose la vida y dejando atrás conflictos armados y situaciones de extrema pobreza. La creación de un registro nacional de inmigrantes irregulares como paso previo a la prestación sanitaria, tal y como ha explicado Alonso, es una medida “xenófoba e impropia de un sistema democrático”.
Por todo ello, Facua reclama al ministro que “en lugar de proponer medidas como esta que sigue limitando el acceso a la Sanidad a un numeroso colectivo de personas en una situación de especial vulnerabilidad, derogue el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Esta ley conllevó la retirada de las tarjetas sanitarias a más de 800.000 personas, mucha de ellas inmigrantes sin permiso de residencia”.
La organización de consumidores considera que este Real Decreto “es inconstitucional, porque niega el acceso a un derecho básico, como es el de la sanidad, a un sector de la población”. En este sentido, el Tribunal Constitucional ya ha indicado que el derecho a la salud «no puede verse desvirtuado por la mera consideración de un eventual ahorro económico», y que el Gobierno no ha probado el ahorro de aplicar su reforma sanitaria. El Constitucional se ha manifestado así en los recursos interpuestos por el Gobierno contra las regulaciones que aprobaron País Vasco y Navarra para garantizar la sanidad universal.
La asociación lamenta, además, la “falta de sensibilidad del Ejecutivo con un colectivo especialmente vulnerable y afectado por la situación de crisis que vive España en los últimos años”. Asimismo, critica la “crueldad del Gobierno con ciudadanos que generalmente atraviesan graves penurias económicas y no logran regularizar su situación en España al no lograr un empleo”.
El documento presentado a las comunidades autónomas en el que se establecen las pautas para atender a los inmigrantes irregulares, además de llevar más de un año empadronado, recoge que hay que ser mayor de edad, no tener condición de asegurado o beneficiario, no estar exportando el derecho de su país de origen ni existan terceros obligados al pago de la prestación de la asistencia sanitaria y no tener más de 100.000 euros de renta.
A las personas que cumplan este requisito se les dará un documento que no es una tarjeta sanitaria, válido solamente en la comunidad autónoma que lo expida y con validez de un año, renovable.
Facua considera que estas condiciones “no son más que nuevos impedimentos para el acceso a un derecho fundamental de todo ser humano, que debe permitirse sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.
La asociación recuerda que cualquier persona que se encuentre en territorio español debería tener derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones, tal y como se establece en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. “Negar la sanidad a los inmigrantes sin permiso de residencia es el principio de un modelo sanitario excluyente e injusto”, concluye.