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El sindicato UGT señala que el número de trabajadores que se han visto obligados a realizar horas extras de forma ilegal ha pasado de 8.064 en 2013 a 27.000 en lo que llevamos de 2014.

A falta de conocer los datos definitivos por parte de Inspección de Trabajo relativos al año en vigor, a nivel estatal (todavía no son públicos los datos correspondientes a las Comunidades Autónomas), el número de trabajadores que se han visto obligados a realizar horas extras de forma ilegal ha pasado de 8.064 en 2013 a 27.000 en lo que llevamos de 2014, lo que supone un crecimiento del 264%.

Según una nota del sindicato UGT, «posiblemente» el dato real sea «muy superior» ya que el publicado por el Ejecutivo «apenas responde al resultado de 2.924 actuaciones de Inspección de Trabajo que han supuesto la investigación de 43.400 trabajadores». «De esta forma, el porcentaje de asalariados que trabajan horas extras ilegales, del total de investigados supera el 60%».

«La permisividad de la actual normativa laboral queda de manifiesto con el hecho de que un incumplimiento de este calado, especialmente relevante si analizamos el contexto de desempleo y de precariedad laboral y salarial en el que se lleva a cabo, se traduce únicamente en 422 sanciones, una por empresa», subraya el sindicato.

La central sindical sostiene que este fraude únicamente se sanciona con una multa a la empresa, sólo una vez, sin tener en cuenta el número de asalariados que tiene trabajando de forma ilegal. «De esta forma, tenga en esta condición al número de trabajadores que tenga, la sanción a la compañía nunca superará los 6.251 euros. Para las empleadoras que contratan mano de obra de forma ilegal, dicha práctica fraudulenta resulta incomprensiblemente gratis».

De todo este entramado de cifras, el sindicato obtiene una importante conclusión: «la cantidad de recursos que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno del Partido Popular dedican a la lucha contra el fraude y contra la precariedad laboral es tremendamente irrisoria». Asimismo, señala que buena parte de esta «ilegalidad» se desarrolla en el colectivo de trabajadores a tiempo parcial.

«Nuestro tejido empresarial entiende como normal contratar bajo la modalidad de tiempo parcial a trabajadores a los que luego se les obliga a realizar horas extras», señala UGT que critica que, según la propia normativa aprobada por el Gobierno serían ilegales aunque «lo que se ha hecho es cambiarles el nombre y denominarlas ‘horas complementarias’ para permitir así que los empresarios pudieran recurrir a ellas de forma unilateral. De esta forma, la precariedad de la situación contractual de los trabajadores a tiempo parcial es incluso mayor».