El rey emérito Juan Carlos I no volverá a España definitivamente, manteniendo su residencia en Abu Dabi. En una carta dirigida al Palacio de la Zarzuela, el ex monarca ha anunciado que mantendrá en los emiratos árabes su residencia, pero que sí visitará España en contadas ocasiones.
En la misiva, el emérito se ha vuelto a disculpar por lo que denomina como «acontecimientos pasados de su vida privada». Esta carta se envía a la Casa Real tras el archivo por parte de la Fiscalía de los presuntos delitos que se le imputaban.
Según adelantó El Confidencial, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, preparó un escrito donde se detalla la imposibilidad de denunciarle en ninguna de las causas, y que verá la luz en las próximas semanas.
Esta imposibilidad viene dada por la inmunidad que mantenía el monarca hasta el año 2014, así como la prescripción de los delitos y la validez de las regularizaciones fiscales que ha realizado el emérito.
De haber presentado cargos, la Fiscalía al rey emérito, lo habría hecho ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dada su condición de aforado. Esta investigación, que se lleva produciendo desde ya hace más de un año y medio, continúa en curso, aunque todo apunta a que en escasas semanas se dará luz al archivo de la causa por parte de la Fiscal General del Estado.
El AVE a la Meca
La Fiscalía del Tribunal Supremo decidía el pasado 8 de junio de 2020 investigar el papel del rey Juan Carlos en la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca, la construcción del AVE del desierto que une las ciudades de Medina y La Meca. El Ministerio Público decidía trasladar al alto tribunal esta investigación que afectaba directamente al rey emérito.
Según una nota pública difundida por el Ministerio Público, la investigación se centraba en «delimitar o descartar» la relevancia penal de los hechos ocurridos a partir de junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado. Según el ministerio público, en ese momento perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución.
«Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo», señala el Ministerio Público. La investigación la ha estado dirigiendo el fiscal de Sala de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, auxiliado por otros tres fiscales del Supremo.