Los 1500 trabajadores que fueron contratados por el SEPE para lidiar con la pandemia durante los meses más duros han sido despedidos. Los 1000 primeros dejarán sus labores entre el 30 de junio y el 30 de septiembre y los 500 restantes seguirán hasta diciembre. Estos datos han sido comunicados por el Central Sindical de Independiente y de Funcionarios (CSIF), desde donde apuntan que «no se podrá asumir la carga de trabajo actual sin estos empleados».
En total los trabajadores despedidos suponen el 17,8% de la plantilla. Según el CSIF, este hecho supone un «serio riesgo» porque el trabajo «se tendrá que repartir sobre las espaldas de los trabajadores». Desde el sindicato advierten de la falta de recursos en el SEPE y solicitan la convocatoria de empleo público extraordinaria para solventar estos problemas.
La renovación de estos contratos era tarea de Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública y después de su gestión debían pasar por los despachos de Hacienda. CSIF y otros sindicatos han tenido contactos con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública pero no ha resultado productivo. De hecho, desde el CSIF acusan al Ministerio de Trabajo, al que le corresponde indirectamente la renovación de contratos, de «inacción y falta de responsabilidad».
Manuel Galdeano, responsable del CSIF en el SEPE, advierte que muchos de los expedientes de regulación temporal de empleo serán expedientes de regulación de empleo. Solicita al Ministerio de Yolanda Díaz que renueve a los 1.500 interinos que serán despedidos.
El sindicato de los empleados públicos advierte que «urge una dotación suficiente de recursos humanos, estructurales y profesionalizados, ante la situación de emergencia social por el COVID y la más que probable evolución negativa del mercado laboral, tal y como apuntan distintos organismos nacionales e internacionales».