Hace unas semanas, os hablaba sobre la primera gran oleada de emigración, que tuvo lugar en Andalucía entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Entre otros factores, resaltaba la falta de perspectivas económicas, y unos niveles desoladores de pobreza en nuestra región, como los determinantes principales que empujaron a miles de personas a abandonar sus pueblos, sus casas y sus familias.
Unas décadas más tarde, durante el período de la Segunda República, este fenómeno se interrumpiría temporalmente, debido a la intensificación de la lucha del campesinado por la tierra y a las promesas, por parte del gobierno republicano, de una distribución de los recursos agrarios más justa. Como consecuencia de esto, el número de inmigrantes superó al de emigrantes durante los años treinta, con la excepción de Granada y Almería.
Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936, y sus desastrosas consecuencias durante la posguerra, acabó con las esperanzas de muchos jornaleros y campesinos pobres, que se vieron obligados a abandonar, una vez más, la región que los vio nacer. Durante aquellos años, emigrar no era una tarea fácil, ya que el régimen franquista realizaba devoluciones forzosas de inmigrantes; las mismas prácticas que vemos a día de hoy en la valla de Ceuta, y que tanta gente de nuestra tierra, tristemente, apoya, a pesar de que sus antepasados tuvieron que pasar por lo mismo.
Para que tengáis una idea más precisa de la experiencia migratoria en el período de posguerra, me gustaría contaros el caso particular de una granadina que decidió viajar a Cataluña. Tres meses después de que su marido se instalara en Callús, cerca de Manresa, esta mujer emprendió su viaje sola, a pesar de que nunca había viajado. Tras un trayecto en tren que duró una eternidad, es detenida al llegar a la estación de Barcelona, porque no tenía contrato de trabajo o alquiler; hoy en día se diría que era una inmigrante ‘ilegal’. Inmediatamente después es trasladada a un pabellón en Montjuic, junto con otros muchos inmigrantes, para ser deportada dentro de su propio país. Por suerte, esta historia acaba con un final feliz, ya que su marido se montó en el mismo tren y, antes de que se parara en Albacete, se bajaron corriendo y, una vez juntos, pusieron rumbo a Cataluña al día siguiente.
Este tipo de experiencias se vuelven menos frecuentes a finales de los años cincuenta, cuando la situación económica de nuestro país comienza a mejorar debido a la apertura de la economía al comercio exterior. En algunas zonas de España, como en Cataluña, comienza un nuevo proceso de fuerte industrialización sediento de mano de obra barata, que vendría acompañado de la desaparición de las restricciones a la movilidad interior. Como resultado, durante los años sesenta y setenta se produce un éxodo histórico en Andalucía que, todavía a día de hoy, sigue muy presente en la conciencia del pueblo andaluz: en 1981, casi dos millones de personas nacidas en nuestra comunidad vivían fuera.
El trabajo, la perseverancia y la capacidad de sacrificio de cientos de miles de emigrantes andaluces han sido desde entonces una de las fuerzas motrices de zonas industriales de nuestro país, como las del País Vasco o Cataluña. Para Andalucía, sin embargo, la falta de inversión en su capacidad productiva y la partida de miles de trabajadores supusieron una pérdida histórica. Volviendo a la metáfora que Blas Infante empleó a comienzos del siglo pasado, si Andalucía se desangraba entonces por sus puertos, en los sesenta y setenta se desangraba desesperadamente por sus estaciones de tren.