El cupo, además de ser una forma del pretérito perfecto del verbo caber, es la aportación que realiza el País Vasco al Estado en concepto de pago por los gastos generales sobre las competencias que no tienen asumidas: defensa, representación exterior, infraestructuras generales (autopistas, puertos y aeropuertos), mantenimiento de las instituciones (Congreso, Senado, tribunales…), de tal manera que la hacienda vasca recauda todos los impuestos, pacta con el Estado, cada cinco años, el cupo a pagar por esos conceptos y el resto se lo gastan sin tener que dar más explicaciones.
Todo ello en base a unos derechos históricos que provienen de finales del siglo XIX y que la Constitución del 78 les reconoció para que mantuvieran y disfrutaran de un régimen económico y fiscal propio.
En eso, por si alguien no lo ha oído decir, consiste la autonomía financiera. Yo tengo la pasta y cuando nos pongamos de acuerdo te pago lo que acordemos que te debo y si no nos ponemos de acuerdo, pues no te pago y te lo debo, pero yo, mientras tanto, me quedo con la pasta. Esto, en España, sólo lo pueden hacer los vascos y los navarros porque fueron santificados por la “historia” y por la Constitución.
Si no tuvieran bastante con la autonomía financiera gozan, además, de otros privilegios que no los dan los fueros ni los cupos; el más importante de todos es el poder político; un poder que, aliñado con el albur de las elecciones, les ha hecho imprescindibles muchas veces para negociar que otros llegaran a la Moncloa o para aprobar, por ejemplo, los presupuestos del Estado.
En este escenario nos encontramos ahora, después de las últimas elecciones: Rajoy tiene que aprobar los Presupuestos Generales del Estado y no podrá hacerlo si no votan a favor, Ciudadanos, Coalición Canaria y los diputados vascos del PNV. Gracias al azar electoral, una vez más, para que haya una mayoría que apruebe la ley de presupuestos son necesarios los cinco votos peneuvistas; consecuencia: como hay que negociar el cupo pues otra vez a los vascos les ha tocado el cuponazo.
Ya se da por hecho que para que haya presupuestos vamos a financiar entre todos, vía cupo, la Y vasca (los tramos que faltan por terminar del AVE, que allí se llama TAV) y accesos y pistas en los aeropuertos vascos, amén de otras infraestructuras.
Sé que muchos caerán en la tentación de utilizar el agravio comparativo poniendo sobre la mesa el problema ferroviario en Granada, el puerto de Algeciras, el metro de Sevilla o el AVE a Huelva; incluso algunos intentarán satanizar al PNV por insolidario y otros, incluso, querrán plantear una reforma electoral para que no sean decisivos en la formación de futuros gobiernos.
Lo podríamos hacer, pero antes de hacerlo, deberíamos caer en la cuenta de que tenemos una viga en los ojos, una en el derecho y otra en el izquierdo; ¿cómo reprochar a cinco diputados vascos su ombliguismo, cuando nosotros elegimos sesenta diputados andaluces, de los cuales veintitrés son del PP que, como Adán, parece que nacieron sin ombligo? Nuestro problema, por lo tanto, no es un problema de agravios ni de privilegios; el nuestro es un problema político: los diputados vascos saben a quién se deben, los andaluces hacen lo que deben para poder seguir siendo diputados: pulsar un botón.
Si sólo cinco diputados andaluces de la oposición negociaran en clave andaluza como lo hacen los vascos, seguro que no seríamos los últimos de la fila en casi todo; pero, para nuestra desgracia, mientras otros van a renegociar su cupo, aquí lo que hacemos es comprar un cupón y rezarle a San Judas Tadeo para que nos toquen por lo menos las migajas del reintegro. Qué pena da que no queramos darnos cuenta de que lo que aquí y en Madrid falta es: poder andaluz.