El país afronta este 14 de noviembre su octava huelga general de la Democracia y la segunda en menos de un año. Un paro laboral de 24 horas que se suma al previsto en Portugal –además de otros países, como Italia-, razón por la que se ha venido a denominar como primera ‘huelga ibérica’ de la historia y la novena gran movilización de ámbito internacional.
Tras su convocatoria están los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, a la que se han sumado diversos colectivos sociales y culturales, además de partidos políticos como PSOE o IU. Buscan el rechazo ciudadano en la calle a las medidas de ajuste del Gobierno central presidido por Mariano Rajoy, sobre todo, a la polémica reforma laboral que no acaba de producir los efectos que anunció el gobierno al explicar su implantación.
Motivos hay para la protesta. Aunque bien es cierto que la huelga no ha logrado erigirse en la medida más eficaz para provocar enmiendas inmediatas a las decisiones de un gobierno, sigue siendo una de las pocas herramientas de impacto al alcance de los trabajadores que recoge la actual legislación.
El día a día y el seguimiento a los indicadores macroeconómicos evidencian una situación de crisis que no remonta. España, como Estado, sigue en una posición tan débil ante los mercados que los respiros en la prima de riesgo son momentáneos y la emisión de deuda continúa siendo una losa demasiado pesada de mantener. Una situación que no es mejor en la economía doméstica, donde el desempleo sigue creciendo hasta cotas históricas e inasumibles. Los datos son alarmantes en todo el Estado y sobre todo en Andalucía. Cada vez más familias son desahuciadas ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas contraídas con los bancos, únicos que afrontan con optimismo la reestructuración de su sector.
Los principios keinesianos se tambalean y de nada sirven cuando no se fomenta el empleo, y cuando tampoco hace lo propio la producción y resulta imposible que el dinero circule. La primera gran crisis del siglo XXI parece haber puesto negro sobre blanco lo efímero de un Estado del Bienestar con cimientos poco sólidos.
Ante este dramático panorama, los ciudadanos ven peligrar derechos esenciales protegidos por la Constitución. Perciben que la Educación y la asistencia sanitaria o jurídica dejan de estar a su alcance con medidas que, no se han sabido explicar desde las distintas administraciones y que en cualquier caso rompen con lo establecido hasta ahora.
Tampoco son opuestas las medidas que en Andalucía implanta el Gobierno de José Antonio Griñán y Diego Valderas, con una reducción notable en Educación y Salud o Dependencia. Dirigen una administración que, por su alto índice de impagos, están afectando a miles de andaluces a una situación que viene a sumarse a los agravios impulsados por el Gobierno del Estado.
A todo ello se suma un mayor distanciamiento de la ciudadanía con sus representantes políticos. La desafección con la política es notoria y abre un nuevo debate democrático en torno a un sistema que empieza a resultar en exceso burocrático y alejado de los problemas reales y que reduce al gesto de votar la participación de todos.
Y, si bien son razones más que sólidas para alzar la voz, hay sectores que suman a esta crisis la suya particular. Es lo que sucede en los medios de comunicación, en el periodismo, un pilar fundamental del cualquier Estado democrático y una profesión de manifiesta función social afectada por los ERE y los despidos sistemáticos cuando no por el cierre, día sí y día también, de empresas periodísticas.
No es la primera huelga ni será la última, a buen seguro, en los próximos años. Pero la huelga de hoy llega en un momento extremadamente difícil. Para el país y, especialmente, para los periodistas.
Hasta el momento, y por encima de una huelga general, redacciones como la de Sevilla Actualidad han reafirmado su compromiso con el derecho a la información de los ciudadanos. Uno de los principios básicos del Estado de Derecho que los periodistas hemos garantizado informando de lo que ocurrido en los paros.
En plena era de Internet y de las redes sociales, la información no faltará y se podrá ver, escuchar y leer qué ha ocurrido en esta huelga general a través del compromiso y del ejercicio de muchos periodistas que estarán en la calle. Nosotros también lo estaremos, pero creemos que una situación excepcional requiere de una decisión también excepcional. Y, ésta vez, Sevilla Actualidad estará en el otro lado evidenciando la necesidad de tomar conciencia de la situación.
La actualidad que vive el periodismo es de tal magnitud que nos compromete a los propios periodistas a tomar medidas para transformar la tónica destructiva en la que nos encontramos. Desde 2008, la FAPE cifra en 8.000 los periodistas despedidos. Este año, aún sin finalizar, ya son más de 3.600 los periodistas que han perdido su trabajo. Se trata, sin duda, del peor año de la historia para el periodismo en España y en especial en Andalucía donde hemos visto el cierre de medios históricos y la merma de trabajadores en la práctica totalidad de los que prosiguen con su labor.
Hoy, los periodistas y colaboradores de Sevilla Actualidad todavía pueden mostrar su compromiso con la profesión y, sobre todo, con la sociedad. Y pueden hacerlo gracias a la confianza que depositan día a día sus lectores. Pero reconocemos el deber de mostrar nuestra solidaridad con quienes han perdido la misma oportunidad de la que hoy gozamos.
Sin periodistas, no hay periodismo. Y sin periodismo, perdemos todos.