Hace unos días escribí sobre la decisión tomada por el consejo de administración de someter a votación entre los socios el cambio de nombre del estadio. En principio me pareció una buena idea (de hecho, creo necesario que nuestro santuario deje de llamarse como el imputado) pero tras conocer el trasfondo de la propuesta, sus implicaciones y la doble intencionalidad que la ha motivado, creo que se trata simple y llanamente del enésimo paripé oliveriano. Una pantomima, además, peligrosa. Me explico.
Ismael F. Cabeza. Luis Oliver se ha caracterizado desde su llegada al club por tomar decisiones populistas para ganarse a los béticos digamos «menos exigentes». Echar al director de comunicaciones del club; reponer la placa de Hugo Galera en la fachada del estadio; retirar el busto de Lopera; vender (o malvender o regalar, según como se mire) a jugadores que todos queríamos fuera; sacar una oferta para la renovación de los abonos, ahora el cambio de nombre del estadio… son gestos de cara a la galería que a él no le ha supuesto el desembolso de un céntimo y en cambio sí que le han servido para que algunos (aquellos a los que yo llamo «menos exigentes», por no llamarlos de otra forma) piensen que este hombre es un santo varón, «bético desde shiquetito», algo que le ha valido un aumento de su poder dentro del club sin ser nadie en el Betis y cuyo verdadero objetivo todos conocemos.
El caso es que el cambio de nombre del estadio es tan sólo una cortina de humo más. ¿Por qué? Porque, independientemente del resultado de la votación (Heliópolis, Benito Villamarín o Chiquito de la Calzada, da igual), el cambio de nomenclatura habrá de aprobarse en una próxima Junta de Accionistas. Esto significa dos cosas:
– Para empezar, que aunque la votación se lleve a cabo esta semana, el cambio no podría hacerse efectivo antes de la Junta (presumiblemente no antes de finales de noviembre) y ya sabemos del interés del actual consejo de administración por retrasarla todo lo posible.
– En segundo lugar, que para confirmar el cambio los accionistas deberán votarlo y apoyarlo en dicha Junta.
En este segundo punto está la trampa. La aprobación de esta medida deberá contar con el voto favorable de los administradores judiciales de las acciones de Farusa y eso es lo que espera la defensa del imputado. De ocurrir esto, Lopera alegaría enemistad manifiesta y la justicia podría apartar a Gordillo, Porrúa y Huidobro de sus funciones. Este error resultaría imperdonable.
Si se abstienen (la opción más lógica, prudente y coherente, pese a que todos los béticos de bien queramos cambiar el nombre del estadio), evitarían la recusación de la defensa loperiana (o no) pero a buen seguro saldrían los citados «menos exigentes» a criticar que no apoyen el cambio y, además, no saldría adelante la propuesta si el 51% del accionariado se abstiene. Así todo quedaría tal como está y los dirigentes verdiblancos habrán ganado tiempo una vez más y entretenido al personal con una nueva pantomima.
Un último apunte: ¿El nombre de la ciudad deportiva no se cambia? El despropósito institucional en el que está inmerso nuestro Real Betis Balompié y la actitud de un consejo de administración desligitimado por completo para gestionar el club (por no decir que tras las últimas dimisiones lo forman sólo seis miembros, cuando el mínimo legal son siete consejeros) provoca situaciones esperpénticas como la que ha ocupado este escrito. Y menos mal que, de momento, todo esto parece no afectar a Pepe Mel y a la plantilla, que si no…
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