A fines de julio ha sido aprobada una reforma laboral que constituye el mayor ataque perpetrado contra los derechos de los trabajadores durante los últimos cuarenta años. Un ataque dirigido, paradójicamente, por un gobierno que se autodenomina socialista y que apuntala con esta medida un modelo de sociedad desigual en el que los trabajadores vuelven a perder derechos. Esta reforma laboral supone un nuevo e importante avance en la precarización de las condiciones de vida del grueso de los ciudadanos.
Tan escandaloso como el contenido de esta reforma resulta la forma en la que ha sido aprobada. Una norma que introduce cambios decisivos en algo tan importante como los mercados de trabajo debería ser objeto de debate público y participación activa por parte de todos los actores sociales. Por el contrario, esta reforma ha sido deliberadamente ocultada al conjunto la sociedad. La reforma ha sido tramitada mediante un procedimiento de urgencia, porque así lo votó el PSOE en solitario un miércoles 22 de junio y por la noche. El 29 de julio, la Comisión de Trabajo del Congreso aprueba una enmienda sobre las causas que justifican el despido y entre las que se incluye la previsión de pérdidas. Con esta enmienda, y aprovechando el despiste propio del período vacacional y el revuelo organizado el día anterior con la prohibición del toreo en Cataluña, se recoge la posibilidad de que una empresa prive a la gente de su derecho al trabajo simplemente por preveer que en el futuro los beneficios pasarán a ser menores. Con esta enmienda, en definitiva, se consagra legalmente el libre despido en el Estado español.
Durante los últimos treinta años los derechos de los trabajadores han sido debilitado a través de cíclicas contra-reformas laborales que han supuesto una paulatina pérdida de garantías y condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras. Curiosamente, todas estas reformas fueron anunciadas como destinadas a reducir el desempleo y/o la temporalidad. Ninguna de ellas ha tenido esos efectos. En Andalucía, la tasa de paro asciende al 27,78%, lo que quiere decir que casi un millón de personas (863.685) están desempleadas, con la pérdida social, económica y humana que eso significa. Nuestra localidad también presenta cifras récords en cuanto a desempleo se refiere. En Junio de 2005 eran 5.241 personas las desempleadas en Alcalá. En Junio de 2010 son 9.451. El paro se duplica en pocos años, con una tasa de destrucción de empleo en torno al 20% anual. Frente a esto no observamos ni Planes de Empleo, ni Programas de Desarrollo de la Economía Local, ni Fomento del Empleo Público ni ninguna otra propuesta de solución del problema. Por el contrario, asistimos a la complicidad de las instituciones con la patronal más agresiva.
Pero la cosa es aún más grave. En los últimos dos años se ha desarrollado un nuevo proceso que autodenominan de “Diálogo Social”, que ha servido a la patronal y sectores afines para vincular los conceptos de Relaciones Laborales y crisis. Con ellos se ha conseguido que en el debate público la idea de recuperación económica haya quedado ligada a la de desregulación de Derechos Laborales. El proceso de reforma -o contrarreforma- laboral ha sido acompañado de multitud de manifiestos y artículos de opinión. En ellos se ha ido reforzando una serie de tópicos que no guardan ninguna relación con la realidad: hablan de “rigidez”, “elevado coste del despido” y “dualidad temporales fijos”. Estos tópicos son falsos, y deben ser desmentidos con rotundidad para evitar procesos goebbelianos por los cuales la mentira pueda parecer verdad a fuerza de ser repetida. Por mucho que nos repitan lo contrario, abaratar el despido sólo fomenta el despido y no el empleo. Por mucho que nos repitan lo contrario, destruir el contrato de trabajo indefinido sólo genera más empleo temporal y precario.
Ante esta realidad, y lejos de apostar por la necesaria recuperación del Derecho Laboral en el marco de una planificación económica democrática, nos encontramos nuevamente con la asunción por parte del Gobierno español de las posiciones más ultras de los liberales. El gobierno, una vez más, pretende interpretar las relaciones laborales como un mercado más. Por eso este Real Decreto Ley 10/2010 supone el mayor ataque que nunca han sufrido los Derechos Laborales. Porque para convertir las relaciones laborales en un simple mercado se ha debilitado la Negociación Colectiva, así como los tres elementos esenciales de la relación laboral: modalidad contractual, extinción de contrato y modificación del mismo.
Por lo que respecta a la modalidad del contrato se mantiene básicamente el régimen que ha consolidado altas cotas de temporalidad. Las mínimas medidas que pretenden limitar la contratación temporal no actúan sobre el fraude de ley en la contratación, ni en la propia temporalidad del puesto de trabajo. Pensar que con una indemnización de 12 días por año se reducirá la temporalidad supone desconocer la realidad de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs). En las ETTs existe esta indemnización, y sin embargo las ETTs no han parado de crecer, y con ellas la precariedad. De hecho las ETTs seguirán creciendo en adelante, gracias al permiso que les otorga la nueva ley para participar en todos los sectores. En una expresión máxima de manipulación y cinismo, se pretende mostrar como un avance el permitir que durante el contrato de formación se cobre el Salario Mínimo hasta el segundo año del mismo.
En cuanto a la extinción del contrato, se consolida la existencia del despido no causal. Es decir: ya no es necesaria la concreción de hecho alguno para ninguna modalidad extintiva. Esto significa, en otros términos, consagrar la posibilidad del libre despido. Al mismo tiempo, se construye progresivamente un régimen general de indemnización de 33 días por año con tope de 24 mensualidades, renunciando al histórico de 45 días por año con tope de 42 meses.
Con esta ley también se lleva a cabo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Desde ahora, se permitirá dejar sin efecto la negociación colectiva sectorial. Y además, se consolida el sistema de bonificaciones de la contratación. Un sistema que básicamente consiste en entregar miles de millones a las empresas para unos fines que nunca consiguen.
Esta reforma laboral tendrá un efecto contrario al que persigue. Lejos de crear empleo se incrementarán los despidos, por la sencilla razón de que despedir será más fácil. La reducción de la indemnización del contrato indefinido no provocará una disminución de la temporalidad. Y apostar por la precariedad será un desincentivo para incrementar la productividad. El resultado de esta reforma laboral, como el de las reformas laborales anteriores, será un fracaso.
Andaluces de Alcalá entendemos necesaria la recuperación del contrato indefinido como generalidad, y que el contrato temporal sea una excepción. Es necesario recuperar un sistema de garantías y protección ante el despido, así como la estabilidad en las condiciones laborales. Creemos firmemente en la necesidad de una legislación garantista, que remueva las desigualdades y minimice las injusticias de una sistema estructuralmente injusto y desigual. Hoy se está caminando en un sentido contrario: otorgar más prerrogativas a la patronal no sólo supondrá enterrar los derechos de los trabajadores tal y como los conocimos en la segunda mitad del Siglo XX. También significará entregar a las futuras generaciones una sociedad en la que sólo serán fuerza de trabajo que se compre y que se venda. Por eso entendemos necesario organizarnos y construir una respuesta a este ataque contra los intereses generales. Una respuesta organizada que, como se demuestra, nunca debe ser aplazada “para después del verano”.