Lopera

La juez de instrucción da por concluido el sumario por el caso Lopera y ha aprobado la cuenta final justificada presentada por el exadministrador judicial del Betis José Antonio Bosch.

Así, tras siete años de investigación, Mercedes Alaya ha declarado «concluso» el sumario del caso en el que se investiga la gestión de Manuel Ruiz de Lopera del club bético. Según el auto, recogido por agencias, la magistrada acuerda «declarar concluso este sumario, que se remitirá, junto con los objetos intervenidos, las cantidades consignadas y/o ocupadas y las piezas separadas correspondientes» a la Audiencia Provincial, «previo emplazamiento de las partes por término de diez días ante la misma». 

Alaya abrió este proceso judicial comenzó tras detectar presuntos delitos societarios que ha conllevado el procesamiento de Lopera y otras siete personas. Entre ellas, el empresario Luis Oliver; el exvicepresidente económico del club Ángel Martín; Francisco Javier Paéz, sobrino de Lopera, y trabajadores de las empresas de Lopera.

La juez ha señalado que se ha producido una serie de delitos entre los que aparecen «un delito continuado de apropiación indebida por gestión desleal en las temporadas 1993/94 y 1994/95»; además de un «delito continuado de apropiación indebida por administración desleal y/o societario igualmente en continuidad delictiva en el resto de temporadas analizadas en auto de procesamiento (…), incluyendo en el delito societario continuado la compraventa de las 20.662 acciones del Real Betis tituladas por Farusa a Bittón Sport».

«Una vez investigada la participación que en tales delitos han tenido los procesados y las circunstancias que en su comisión han concurrido y no hallándose indicada ninguna otra, es procedente concluir el presente sumario conforme determinan los artículos 622 y 623 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», ha sentenciado la juez.

Pendiente de resolver los recursos

En el texto emitido por la juez de instrucción se informa a la Audiencia Provincial de que «se hallan pendientes» de resolver los recursos interpuestos por Lopera y otros imputados contra el auto de procesamiento. Por otro lado, la magistrada ha aprobado la cuenta final justificada presentada en la pieza separada de administración judicial por el que fuera administrador judicial de la entidad verdiblanca José Antonio Bosch.

La cuenta final justificada presentada por el propio José Antonio Bosch fue impugnada por la defensa de Lopera al entender que, en el informe emitido, «no se da respuesta a determinadas preguntas y cuestiones formuladas» en un escrito anterior, oponiéndose además a la misma porque «no es cuenta, no está justificada y ni tan siquiera es final».

En este sentido, Lopera señaló que, en su informe, «el exadministrador expone una situación precaria y desastrosa del club cuando tomó posesión de su cargo y que a su fecha de cese se encontraba en situación óptima», lo que para la juez «no es sino una interpretación de parte y además sesgada de la realidad del informe emitido».

Por otro lado, Alaya también ha impugnado el recurso interpuesto por el expresidente bético en relación a la constitución de la Fundación del Real Betis. Para Lopera esta fundación era una herramienta para poner «una barrera a un futuro e hipotético retorno de Lopera» al club. La instructora ha considerado que «se trata de una mera opinión de la parte, pues analizados los informes emitidos por Bosch, en modo alguno puede concluirse que esa sea la finalidad de la fundación o que ésta vaya más allá de lo previsto legalmente, ya que la misma se constituyó con el objetivo fundamental de potenciar la imagen del Betis y de propagar los valores del beticismo en la sociedad».

«Uno de los motivos fundamentales que expresa Bosch en su cuenta justificada que le llevaron a decidir la constitución de la fundación fue, entre otros, revertir en la ciudadanía parte de los beneficios que ésta reporta al Betis, participando en la atención de los sectores desfavorecidos de la sociedad», argumenta la juez.

Acciones

Según Bosch, «salvo la aportación económica inicial ascendente a 50.000 euros, y la cesión de uso temporal de un espacio en las oficinas del estadio, el Consejo de Administración del Betis nunca tuvo la intención de transmitir a título gratuito ni oneroso bienes o derechos de titularidad del club».

En relación a la compra por parte de la fundación de un paquete de acciones del club, la juez ha recordado que Bosch ya manifestó que dicha adquisición, «si bien se produjo por una situación de crisis económica que atravesaba uno de los patronos de la fundación, lo cierto es que para el Betis a través de la fundación en su momento fue atractivo tener en propiedad algunas acciones del club».