El PSOE suma las competencias de Rivas a las de Economía tras su dimisión
Los populares pedirán, de nuevo, la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que su formación presentará en la Fiscalía Anticorrupción «un expediente completo» sobre las supuestas irregularidades en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la Junta de Andalucía, con el objetivo de que el Ministerio Público se pronuncie sobre este caso.
Cospedal ha asegurado que es «especialmente importante» que la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie, pues, según ha expresado, «su única actuación ha sido recusar a la juez» que lleva este asunto.
Además, la secretaria general del Partido Popular ha anunciado que esta semana volverán a llevar este caso de presuntas irregularidades en la Junta de Andalucía a la sesión de control del Pleno del Congreso de este miércoles.
Antonio Sanz, el secretario general del PP-A, también se ha pronunciado sobre este asunto. Ha explicado que en el próximo pleno del Parlamento andaluz, que se celebrará los días 16 y 17 de marzo, va a solicitar la creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre la posible vinculación de la «trama» de los EREs con la formación al empleo.
Tras destacar que el 54 por ciento de los ERE investigados por la Junta están «manchados por presuntos fraudes», Sanz ha asegurado que esta nueva comisión de investigación se hace necesaria porque «no puede ser una casualidad» que las personas denunciadas como «infiltrados» en los ERE tengan «relaciones familiares directas» con personas vinculadas a las empresas de formación que imparten cursos a los trabajadores de esos ERE.
Según ha asegurado Sanz, se trata de una red «muy extensa de socialistas que participan del entramado de los cursos de formación para beneficiarse de manera escandalosa y presuntamente irregular». Al hilo de ello, ha recordado que la dimisión del ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco estuvo motivada por las ayudas de formación al empleo destinadas por parte del Gobierno andaluz a la empresa de su mujer.
De 37 a 70 irregularidades
Sanz también ha preguntado cómo es posible que si en el mes de febrero la consejera de Presidencia, Mar Moreno, aseguraba que se habían investigado un total de 30 empresas y que las irregularidades detectadas eran 37, «un mes después el número de empresas investigadas se sitúa en 35 y las irregularidades son el doble».
Actitud colaboradora del PSOE
De otro lado, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha explicado que el partido va a “colaborar intensamente” con la Justicia para resolver el caso de los EREs fraudulentos.
Además, se ha referido también a la oposición expresando que el PP se dedica a “atacar” a la justicia y a la policía cuando les afecta un caso de corrupción, en alusión a las palabras de Cospedal quien expresó que la única actuación de la Fiscalía Anticorrupción ha sido “recusar a la juez” que lleva el caso.
Iglesias ha manifestado que al PSOE no le preocupa el impacto político de este caso porque «la Junta ha hecho lo que tenía que hacer, cuando ha visto una irregularidad la ha denunciado».
Acusaciones bipartidistas mutuas
Y de nuevo la pelota pasa de un tejado a otro, con discursos acusadores de personalidades de ambos partidos. Por ejemplo, la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, ha acusado al PP de hacer una “causa general” contra todos los socialistas. Además ha dicho que los populares intentan “tapar sus vergüenzas tirando de la manta«.
Ha indicado que «si no se estuviera colaborando con la justicia, se atacara a los jueces, fiscales y policías o se ocultara información, sí se nos podría exigir una comisión de investigación».
Torres ha explicado que actualmente son ocho los socialistas presuntamente relacionados con las irregularidades, todos ellos apartados de la militancia. Además, ha garantizado que su formación va «a luchar por limpiar el buen nombre de Andalucía y de los socialistas».
Además, ha hecho referencia a la posibilidad de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, llegue a dimitir por este asunto, expresando que el PSOE-A que tiene la “absoluta convicción” de que el PP-A “no tiene ni más mínima oportunidad de dar en lo que le interesa».
En lo referente a la supuesta responsabilidad de los consejeros que mantuvieron en el cargo al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Torres ha asegurado que Guerrero no está imputado y que sería «mucho correr» responder a esa pregunta poniéndose en el supuesto de que Guerrero fuese imputado en un futuro.
Recio: “Si quieren dar lecciones de cómo tratar irregularidades que miren a Andalucía”
El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha asegurado que «si algún Gobierno del PP quiere dar lecciones de cómo tratar presuntas irregularidades, que miren cómo se está haciendo en Andalucía».
Cambiar el reglamento del Parlamento
IULV-CA planteará una iniciativa en el Parlamento de Andalucía para cambiar el reglamento de la Cámara andaluza de manera que «se impida cualquier tipo de veto» a una comisión de investigación, la cual podría realizarse «con un tercio de los diputados» amparados por dos fuerzas políticas.
Así lo ha explicado el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, al mismo tiempo que ha insistido en que sería un reglamento de acuerdo con el Estatuto de Autonomía andaluz, donde las comisiones de investigación se consideran «mecanismos al servicio de la transparencia».
Valderas ha remarcado que «el Parlamento es quien controla al Ejecutivo y no al revés«, dejando claro que la comparecencia del consejero de Empleo, Manuel Recio, supone «un teatrillo si no hay una comisión de investigación».
Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad de que comparezcan «los cuatros consejeros de Empleo, los delegados provinciales, sobre todo los afectados por aquellos expedientes que han estado contaminados», así como el ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el actual José Antonio Griñán.
Ex concejal de IU, entre los imputados por prejubilación
Valderas también se ha referido a la prejubilación de Antonio García Márquez, ex concejal de IU-CA en el Ayuntamiento del municipio onubense de Almonte y miembro de CCOO, quien figura entre los 33 nuevos casos detectados en la investigación interna seguida por la Junta. El coordinador de IU ha explicado que su formación defiende una comisión de investigación «caiga quien caiga y proceda de donde proceda».
«Hay que poner en su sitio a quien haya sido negligente en la política» ya que «unos tendrán responsabilidades de carácter penal y otros de carácter político», ha explicado.
Además, ha dicho que se trata «de un compañero que dejó hace no poco tiempo» la militancia de IU pero «eso no cambia absolutamente nada» el objetivo de la formación pasa por «una comisión de investigación, caiga quien caiga».
Afiliado a CCOO y empleado de Egmasa
La Federación Agroalimentaria de CCOO-A, a la que está afiliado Antonio García Márquez ha defendido su inocencia explicando que esta persona «no es un intruso en la Empresa Pública de Gestión Medio Ambiental, Egmasa, sino que era trabajador de esta empresa pública desde su creación».
El sindicato ha precisado que el nombre de Antonio ha aparecido en uno de los posibles casos de EREs fraudulentos, «acusándolo de formar parte de un presunto ERE fraudulento en Egmasa», por lo que, ante esta situación, tanto CCOO como el propio afectado han dejado claro que «no es un intruso en Egmasa» y que el trabajador es «totalmente ajeno a la implicación que se le ha pretendido atribuir».
Cayo Lara: “Cuando el PSOE pierda la mayoría absoluta se conocerán más cosas”
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha señalado que cuando el PSOE pierda la mayoría absoluta en Andalucía habrá «muchas más posibilidades» de que cosas que ahora «no se conocen» salgan a la luz como, por ejemplo, los presuntos ERE irregulares de la Junta andaluza.
«Quien la haga, sea del partido que sea, que la pague porque la corrupción es un cáncer para la democracia», ha comentado Lara para recalcar que la posición de IU, tanto en el caso de los ERE como en la trama Gürtel, es la de pedir «agilidad en la Justicia y en la Fiscalía para que quien la haga que la pague».
El coordinador federal de IU ha insistido en que, a su juicio, el PSOE perderá la mayoría absoluta en Andalucía y ha confiado en que su formación política será «determinante» en la Comunidad. Este hecho, ha enfatizado, hará que hayan «más pluralismos».
UGT-A, “convencida” de que los datos sobre EREs fraudulentos son falsos
El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha defendido que están «absolutamente convencidos» que los datos de la Consejería de Empleo referentes a los EREs irregulares no son ciertos.
Pastrana ha señalado que “muchos expedientes que la Consejería califica como irregulares no lo son”, aunque ha recalcado que este asunto lo clarificará la justicia.
El líder sindical ha incidido en que están «absolutamente indignados» con que haya habido personas ligadas UGT que «se hayan aprovechado de su experiencia en el sindicato en beneficio propio». Además, ha explicado que han expulsado a todos los que se han visto mezclados en esta situación.
Presentación de una querella
Tal es así que Manuel Pastrana ha manifestado que UGT-A está estudiando presentar una querella en los tribunales contra las personas que se han aprovechado del sindicato en su propio beneficio.
«Jurídicamente es difícil porque estamos ante casos no juzgados y, por lo tanto, no es fácil encontrar los elementos jurídicos para poner ante la justicia las actuaciones de estas personas», ha analizado, aunque ha subrayado que el objetivo del sindicato es buscar «cualquier posibilidad legal» para sentar en el banquillo a estas personas.
El secretario general de UGT-A ha afirmado que si tuvieran la «seguridad» de que se trabajaría desde el punto de vista político a través de comisiones «sólo para clarificar la situación, sería el camino adecuado». Por ello ha concluido expresando que la «única manera» de que se clarifique será a través de la justicia.