Manuel Recio y Antonio Sanz durante sus intervenciones ayer en el Parlamento/SA

Detectadas 32 nuevas prejubilaciones irregulares, hasta los 70 casos

La comisión, propuesta por el PP-A y apoyada por IULV-CA, ha sido rechazada por los socialistas porque consideran que lo único que pretenden los populares es perseguir al PSOE-A.

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado la creación de una comisión de investigación para indagar sobre las supuestas irregularidades en la concesión de ayudas públicas a empresas en crisis. La creación de esta comisión fue propuesta por el PP y apoyada por IULV-CA, pero no ha contado con el respaldo del PSOE andaluz, al igual que tampoco permitió la creación de una comisión sobre el caso Mercasevilla.

 

La negativa se debe, según el diputado socialista Ángel Gallego, a que con la creación de esta comisión los populares quieren formar un “juicio paralelo” para perseguir al PSOE-A. Gallego también ha recordado la colaboración de la Junta de Andalucía con la justicia.

 

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Sanz, ha señalado que la Cámara debe investigar el procedimiento por el que se repartían esas ayudas públicas, gestionadas al margen de lo dispuesto en la Ley General de Hacienda Pública del Gobierno andaluz. Además, Sanz ha manifestado que su partido no se conforma con la comparecencia en comisión parlamentaria del consejero de Empleo, Manuel Recio.

 

Según Sanz, el PSOE cree que el parlamento andaluz es “su segunda casa”, porque con esta comisión ya son 119 las rechazadas por los socialistas. Además, el secretario general del PP-A ha exigido la dimisión del consejero de Empleo, Manuel Recio, por “encubridor”, acusándolo de mentir y de ser responsable de la trama.

 

Por otra parte, IULV-CA también ha apoyado la creación de una comisión de investigación. No obstante, ante la negativa de los socialistas, el portavoz de de IULV-CA en el Parlamento, Diego Valderas, ha pedido que la Comisión de Empleo se convierta en una comisión permanente de investigación para analizar las irregularidades cometidas en los últimos años, formada por cuatro consejeros y otros responsables, entre ellos el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

 

Con respecto a la negativa de los socialistas, Valderas ha dicho que en la elaboración del Estatuto de Autonomía de Andalucía debería haberse prohibido a las mayorías absolutas vetar la creación de comisiones de investigación de este tipo.

 

Pizarro apunta a Guerrero

 

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha defendido la funcionalidad de los Expedientes de Regulación de Empleo para el mantenimiento de la actividad empresarial, y ha dicho que las irregularidades cometidas no deberían suponer «un cuestionamiento de todo el sistema».

 

Con respecto a las declaraciones de ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, sobre prácticas irregulares, Pizarro ha señalado que «ya está fuera del partido y al frente de sus responsabilidades delante de la magistrada que está llevando el caso».

 

Por su parte, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha mostrado su deseo de que se condene a todos aquellos que se hayan lucrado con los ERE irregulares, aunque ha defendido la gestión del Gobierno andaluz.

 

La junta remitirá al juzgado 32 nuevas irregularidades

 

El consejero de Empleo, Manuel Recio ha anunciado la detección por parte de la Junta de Andalucía de 32 nuevas irregularidades en prejubilaciones en Expedientes de Regulación de Empleo, sumando así un total de 70 casos discordantes. No obstante, Recio ha afirmado que las irregularidades sólo afectan a un 0.04 por ciento de los trabajadores estudiados.

 

Recio ha explicado que la Junta entregará al juzgado el resultado del análisis llevado a cabo sobre las ayudas a empresas cuyos destinatarios no sean trabajadores, y ha negado que el Gobierno andaluz haya utilizado más un total de 647 millones de euros. Además, el consejero de Empleo ha dicho que solicitará su comparecencia en la Comisión de Empleo del Parlamento para hablar de todos los detalles.

 

Por otra parte, el diputado del PP-A Carlos Rojas, ha acusado al Gobierno andaluz de ocultar la verdad, y ha pedido la entrega del informe de la investigación interna en el Parlamento y una explicación de Griñán sobre el destino de los millones repartidos.

 

Además, el presidente de la Junta de Andalucía ha acusado al líder del PP-A, Javier Arenas, de dar mayor credibilidad a un imputado que a personas “honorables”, mientras que el líder popular le ha pedido que renuncie como presidente si el PSOE no acepta la creación de una comisión de investigación y ha criticado que lleven quince años sin aceptar una comisión de investigación en el Parlamento.

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