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Andalucía

El PSOE aprueba en solitario la reordenación del sector público

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer en su primera sesión de este año la Ley de reordenación del sector público andaluz. Esto ha sido posible a través de los votos del PSOE ya que el PP-A ha votado en contra e IULV-CA ha preferido abstenerse. Los funcionarios de la Junta, que se oponen a la medida, se manifestaron a las puertas de la Cámara.

 

 

Sevilla Actualidad. La consigna principal de esta nueva norma, recaba en mejorar la gestión y la calidad en la prestación de los distintos servicios públicos, además de salvaguardar los derecho de los trabajadores públicos, y reforzando la voluntariedad del proceso de integración. También queda garantizada la aplicación del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario y la aplicación del convenio colectivo de la administración de la Junta al personal laboral de la misma hasta que, en su caso, exista un nuevo convenio. Además, se indica que se mantiene la condición de personal funcionario o laboral, con independencia de su integración en alguna de las nuevas agencias. Todo ello según la Junta de Andalucía.

 Durante el debate final de la ley, el PP-A ha vuelto a defender las 42 enmiendas que planteó en su día, mientras que IULV-CA, a quien PSOE le aceptó 13 durante el trámite de comisión, también ha defendido sus 72 restantes. El grupo socialista no ha aceptado ninguna de ellas ante el Pleno, por lo que el PSOE tuvo que aprobar el solitario la reforma.   

 

Durante el desarrollo del pleno, se ha aclarado que queda reforzada la garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso a la condición de personal funcionario o laboral de la administración general de la Junta. La racionalización del sector público pasa por la supresión de 111 entes instrumentales dependientes de la comunidad, lo que supondrá un ahorro económico estimado de 118 millones en el periodo 2010-2013.  

El debate de la ley se produjo mientras unos 300 funcionarios y empleados públicos protestaban en la puerta del Parlamento andaluz en contra de la nueva norma. Las manifestación fue convocada por sindicatos de funcionarios como CSIF, Safja, USO y Ustea, aunque dentro del salón había representantes de UGT y CCOO, organizaciones que sí apoyan el texto.

Al término del debate, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, subió a la tribuna para agradecer a todos los grupos políticos “el intenso trabajo” que han realizado durante la tramitación de la ley, singularmente, al grupo socialista por su dedicación y por no haber “cejado en el empeño de conseguir el máximo consenso”. Ha destacado además el papel de los agentes sociales durante la tramitación parlamentaria, con una participación inestimable, y teniendo la oportunidad de hacer aportaciones a la ley.

PP e IU: En contra y abstención

El parlamentario del PSOE-A José Caballos defendió la legitimación del Gobierno y el Parlamento para aprobar esta norma, cumpliendo con un mandato del Estatuto de Autonomía, en beneficio del interés general de los ciudadanos, que debe estar por encima de intereses personales, gremiales o sindicales por legítimos que puedan ser. Ha puesto de manifiesto la posición “constructiva, inteligente y responsable” que han mantenido UGT y CC.OO en este debate, haciendo propuestas concretas para negociar y llegar a acuerdos y garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores públicos. También ha puesto de manifiesto “la responsabilidad” de IU y ha lamentado la posición de sindicatos gremiales, que han estado en la “descalificación global”, desaprovechando la oportunidad que el Parlamento les ha dado.

Según agregó, las 32 enmiendas del PSOE que han quedado incorporadas a la ley han perseguido “desmentir, negro sobre blanco, muchas falsedades, malas interpretaciones y juicios de intención” que el PP ha querido lanzar, tratando de hacer decir a la ley lo que no dice, con el único objetivo de “llegar al poder y arañar votos”. El único objetivo de la ley, según ha recalcado, es conseguir un sector público más eficaz, ágil y austero, y se trata de prestar los mismos servicios al menor coste para el contribuyente. Después de ser aprobada la norma, según ha dicho, la gente se podrá manifestar por muchas cosas, pero no por privatización ni enchufismo ni por la pérdida de derechos de los empleados públicos porque nada de eso tiene cabida en esta norma.

Caballos ha criticado la actitud que ha mantenido el PP en este debate, reprochándole que la mayoría de sus enmiendas fueran de supresión, lo que ha hecho imposible que fueran transaccionadas. Ha pedido a los populares, a los que ha calificado de “hipócritas y fariseos”, que “basta ya de mentir” porque ningún trabajador de la Junta será despedido por esta ley ni nadie perderá ni ganará derechos. Asimismo, ha aconsejado al PP que incluya en el recurso que ha anunciado contra esta norma ante el Tribunal Constitucional la Ley sobre el sector público de Galicia, donde sí se “van a hacer funcionarios sin hacer oposiciones”.

Por su parte, el parlamentario del PP-A Jorge Ramos Aznar, que inició su intervención aludiendo al “follón” que el PSOE-A ha montado con este asunto, ha expresado que la posición de su partido pasa por el fortalecimiento del carácter público de la administración; el reconocimiento del papel esencial del funcionario en una administración más moderna, eficaz, eficiente y austera, y por abordar la reforma del sector público con el más amplio consenso para garantizar unos servicios públicos de calidad y contar con una administración “neutra políticamente al servicio de los ciudadanos”. “Esto lo hará el gobierno del cambio contando con todos”, ha apuntando.

A su juicio, el PSOE ha impuesto este “decretazo mediante el ordeno y mando”, al tiempo que le ha reprochado que no haya aceptado ni una de las 42 enmiendas del grupo popular, algo propio de la “prepotencia” con la que actúan los socialistas, que “no estaban dispuestos a dialogar nada porque les importaba un bledo el diálogo y el trámite parlamentario”.

Para Ramos Aznar, el PSOE ha “mentido, intentando salvar la chapuza de decreto, cuando habla de garantizar los empleos públicos”, ya que ha habido ejemplos de despidos en empresas públicas, como Inturjoven. También ha reprochado a los socialistas que hayan intentado “demonizar” al PP diciendo que persigue despedir a empleados públicos.

El diputado de IULV-CA Pedro Vaquero indicó que, pese a haber negociado con el PSOE, no han logrado un acuerdo fundamental basado, sobre todo, en el cambio del modelo, y que, por ello, su formación  no se puede sentir corresponsable de lo que salga del Parlamento. Ha dicho que ofrecieron un modelo alternativo, “que entendíamos que era lo mejor para resolver un problema jurídico” y evitar no ya que la ley, sino que cualquier acto administrativo fuera susceptible de ir a los tribunales, “que es lo que puede deteriorar los servicios públicos”.

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