La Junta detecta 37 nuevas prejubilaciones irregulares
Guerrero dice ahora que sus palabras fueron «mal entendidas»
Patrocinio Sierra, esposa del ex sindicalista de UGT implicado, habría sido prejubilada en la empresa ‘Hitemasa’.
Sevilla Actualidad. Patrocinio Sierra García, la esposa de Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT y uno de los supuestos partícipes en la trama de las prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) por cobro ilegal de sus rentas en 2003 y 2007 por Mercasevilla, ha declarado como detenida ante la Policía Judicial, que le atribuye un posible delito de estafa.
Según Diario de Sevilla y ABC, la esposa de Lanzas habría sido prejubilada en la firma textil malagueña ‘Hitemasa’, sin haber trabajado nunca en la empresa en la que, según la policía, también habría sido prejubilado su marido.
Sin embargo, Lanzas se ha desvinculado de la trama y ha asegurado no saber nada de los hechos investigados, aunque sí reconoce haber participado en las negociaciones de los expedientes de regulación de empleo impulsados por Mercasevilla y el restaurante hispalense Río Grande, donde se localizaron las primeras prejubilaciones ilegales.
La investigación, llevada a cabo por la juez Mercedes Ayala, también señala como parte de esta red al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. Por su parte, la Fiscalía Superior de Andalucía ha aclarado al respecto que exigirá “todas las responsabilidades que sean necesarias”, y ha defendido la actuación de la Fiscalía de Sevilla.
Asimismo, el grueso de los empleados prejubilados de Mercasevilla por el expediente de regulación de empleo de 2007 elevará el próximo lunes a los juzgados de lo Social el ERE de ese año, cuyo coste alcanza más de 9 millones de euros, reclamando los compromisos de pago a través de una demanda contra la empresa, el Ayuntamiento, Mercasa, la Consejería de Empleo, el Banco Vitalicio y Vitalia Vida.
En este sentido, uno de los prejubilados en el ERE de 2007 fue el ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, que nunca ha trabajo en la empresa.
El PP reclama responsabilidades políticas
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha demandado responsabilidades políticas por las prejubilaciones fraudulentas, y ha manifestado que espera que los juzgados actúen rápido. También ha insistido en la toma de responsabilidades el presidente del PP-A, Javier Arenas, exigiendo además una investigación que llegue hasta el final del asunto.
Asimismo, los populares volverán a pedir explicaciones al Gobierno el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados sobre este asunto, e interrogarán directamente al vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente andaluz, Manuel Chaves.
Viera se desliga de la trama
El secretario general del PSOE de Sevilla y ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, ha negado cualquier vínculo con la supuesta trama de las prejubilaciones fraudulentas, y ha atribuido las posibles irregularidades de Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, al que el PSOE le ha incoado un expediente de expulsión, a un «fallo de confianza».
Además, Viera ha retado a Javier Arenas a demostrar sus acusaciones, ya que niega que el Gobierno autonómico conociera los hechos.
El PSOE defiende a los ex consejeros Viera, Gutiérrez y Fernández
El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha defendido la «honradez, honestidad y responsabilidad» de Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, los tres dirigentes que precedieron en el cargo al consejero de Empleo, Manuel Recio. Según Pizarro, la gestión de los mismos fue “brillante”.
Por otra parte, actuales consejeros del Gobierno andaluz han defendido la actuación de la Junta y la correcta aplicación de la ley. Así, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha respaldado que se aplique la ley de forma rigurosa si se confirman delitos en los ERE, “sea quien sea” el implicado, mientras que el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha defendido la “transparencia y colaboración con la justicia” de la Junta de Andalucía.
Asimismo, el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha afirmado que el objetivo del Gobierno autonómico ante dichas irregularidades es “recuperar hasta el último céntimo”, por lo que la Junta colaborará proactivamente con la Justicia, y ha recordado la apertura de una comisión de investigación en la Consejería de Empleo.
Por otra parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha defendido el impulso de una auditoría de la Consejería de Empleo por parte de la Cámara de Cuentas, y ha planteado la intervención de la Fiscalía Anticorrupción si fuera necesario.
En este sentido, el sindicato UGT-A ha anunciado que actuará contra cualquiera que haya hecho un uso ilícito del sindicado en los expedientes de regulación de empleo, lamentando que personas vinculadas al sindicato se hayan podido lucrar ilícitamente y condenando los hechos. Por ello, ha solicitado la personación como acusación particular en el procedimiento judicial.