La Junta detecta 37 nuevas prejubilaciones irregulares
Los populares denuncian la “inacción” del PSOE federal, mientras que éste defiende la actitud de la Junta de Andalucía al respecto.
Sevilla Actualidad. El vicesecretario de Comunicación del PP federal, Esteban González Pons, ha denunciado, con respecto a las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo en Andalucía sobre supuestas prejubilaciones fraudulentas y en las que, según la policía judicial, habría sido partícipe Francisco Javier Guerrero Benítez, antaño director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, la implicación del PSOE-A.
Asimismo, González Pons ha destacado la “inacción” del Ministerio de trabajo y de la Fiscalía General del Estado, y ha asegurado que el principal responsable en el Gobierno central es Manuel Chaves, el por entonces presidente del Gobierno andaluz porque, a su juicio, conocía en 2005 el asunto, y no lo ocultó.
Los populares han adelantado, además, que llevarán al Congreso y al Senado iniciativas al respecto, para que los responsables del Ministerio de Justicia y del de Trabajo expliquen sus actos en el Parlamento, mientras que el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha recordado que su partido pedirá la apertura de una Comisión de Investigación.
Asimismo, el presidente del PP-A, Javier Arenas, ha afirmado que la responsabilidad primera recae sobre el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, porque en 2005, 2006 y 2007 éste era el responsable de Economía y Hacienda, y no dio a conocer esas irregularidades.
Guerrero se desvincula de las supuestas prejubilaciones
Francisco Javier Guerrero Benítez, antiguo director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y supuesto partícipe en la introducción de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo mediante el cobro ilegal de sus rentas, se ha desligado de la trama y ha asegurado que dichas subvenciones eran un “fondo para apuros”, para combatir desajustes laborales.
Asimismo, Guerrero ha afirmado que la expresión “fondo de reptiles”, que él mismo utilizó para describir los 647,8 millones de euros librados durante nueve años para ayudas a la reestructuración de empresas en crisis ha sido “mal entendida”, y ha defendido su labor cuando se encontraba en el cargo. Guerrero ha dicho también que las ayudas en cuestión se concedieron a título individual a personas “excluidas por crisis de empresas o sectores”.
En cuanto al PSOE, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha defendido la colaboración de la Junta con las autoridades judiciales, y ha dicho que quien haya incumplido la ley responderá, aunque se trate de cargos públicos.
También ha valorado el comportamiento de la Junta el secretario de Estado de Cooperación Territorial y ex consejero andaluz de Presidencia, Gaspar Zarrías, caracterizado, a su juicio, por “absoluta transparencia”, y ha afirmado que el peso de la ley caerá sobre quien haya cometido alguna irregularidad.
Además, la consejera de la Presidencia del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha asegurado que la Junta será “inflexible caiga quien caiga”, que no mirará hacia otro lado y que los responsables irán a los tribunales. Moreno ha defendido la “actuación impecable” de la Consejería de Hacienda en el periodo de las supuestas irregularidades.
Asimismo, el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, no ha descartado que aparezcan nombres falsos en los expedientes de regulación de empleo que están siendo investigados, aunque de momento no los hay. Recio también ha asegurado que la comisión de investigación estudiará más expedientes que puedan tener irregularidades, además de los 45 investigados en estos momentos.
Por otra parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, considera que el supuesto fraude es el caso más grave de todas la historia de Andalucía, por lo que ha recomendado a Griñán “cortar las cabezas políticas necesarias” si no quiere que la epidemia de irregularidades le afecte directamente. En este sentido, Valderas también responsabiliza al Gobierno andaluz de lo que está ocurriendo.
El coordinador general de IULV-CA ha anunciado que van a solicitar a la Cámara de Cuentas de Andalucía una auditoría profunda de los últimos diez años de la Consejería de Empleo, porque considera que hay otras irregularidades distintas a los ERE.