El comandante de la Guardia Civil, que ha vuelto a declarar este martes en el juicio de los ERE, admite que visitó a Mercedes Alaya en su domicilio cuando la juez instructora estaba de baja por salud entre 2012 y 2013. Fue para interesarse por su salud, pero reconoce que durante la visita hablaron algo sobre la instrucción.
El agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha coordinado diferentes atestados realizados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares concedidos por la Junta ha continuado este martes con su declaración como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y las ayudas directas a empresas en crisis. En la respuesta a una de las últimas preguntas ha manifestado: «Creo que las ayudas son ilegales por multitud de indicios».
Este comandante de la Guardia Civil, responsable del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO, ha enumerado entre estos indicios «cómo se llegaba a los ERE, cómo se llegaba a las ayudas, los ‘conseguidores’, los pagos cruzados, los pagos directos a un ex director general de Trabajo –Francisco Javier Guerrero–, o la falta de solicitud». «No es que no hubiera normativa que es no hay muchas cosas en este procedimiento irregular», ha añadido.
Así ha respondido a preguntas de la defensa del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, quien ha insistido al agente sobre su conocimiento o información de la normativa estatal y autonómica para la concesión de las ayudas investigadas.
El agente, que ha admitido que sabe que se dieron ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial de manera conjunta entre el Ministerio y la Junta como fue el caso de la Faja Pirítica, ha matizado que no ha investigado el procedimiento usado por el Gobierno y sí el de la Junta.
Precisamente, sobre la Orden Ministerial de 1995 sobre ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas, ha repetido respuesta: «Creo que no es de aplicación». «No soy experto, pero está claro que la aplicación de la Orden no se da en el procedimiento aplicado» en Andalucía, ha reiterado. «La Orden de 1995 no tiene cabida aquí», ha afirmado porque, a su criterio, es «evidente que no se cumple los puntos de la Orden».
Previamente, el agente de la UCO ha señalado que «no había norma» para la concesión de ayudas.
«Alaya lo ha pasado mal»
Además, el comandante de la Guardia Civil, a preguntas del abogado de Miguel Ángel Serrano Aguilar, exdirector general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ha admitido que visitó a la juez instructora del caso ERE Mercedes Alaya en su domicilio durante la baja por unas fuertes cefáleas entre septiembre de 2012 y marzo de 2013.
«Me interesé por su salud», ha afirmado el agente de la UCO, señalando que la visitó en su domicilio en algún viaje que realizó a Sevilla. Preguntado por el letrado Miguel Delgado si hablaron de aspectos de la investigación, el funcionario ha apuntado que «es lógico que hablemos de algo con ella». Si bien, tras insistir el abogado en si hicieron comentarios sobre el procedimiento en su casa, el comandante ha manifestado que «no».
«Me ha recibido la pobre en su casa. Es una persona que lo ha pasado mal», finalizó.