Los socialistas califican de “fascistas” la actitud de los representantes de funcionarios que pretenden boicotear los actos de la precampaña electoral del partido, mientras que el PP-A le exige una disculpa.
Sevilla Actualidad. Ante la tramitación en el Parlamento del Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz y la intención de representantes de trabajadores públicos de boicotear los actos de la precampaña electoral de los socialistas, el PSOE-A ha reclamado al presidente del PP-A, Javier Arenas, que diga si su partido apoya una campaña sin alteraciones o, por el contrario, si está de parte de los representantes de funcionarios.
El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ha calificado a los representantes de “fascistas” porque, a su juicio, abogan por poner “violencia” al proceso. Jiménez ha relacionado esta actitud con la campaña de los populares, que les han exigido una disculpa por llamar “fascistas” a los manifestantes.
Asimismo, Mario Jiménez ha calificado de “muy peligroso e intolerable” que la portavoz de los populares, Rosario Soto, presagiara el pasado lunes “una campaña violenta para el PSOE”. También confía el portavoz socialista en que los manifestantes rectifiquen. De cualquier manera, Jiménez ha aclarado que su partido no piensa modificar la organización de su campaña.
Por otra parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha exigido a los socialistas una disculpa por calificar de “fascistas” a los representantes de la plataforma de empleados públicos. Según Sanz, el PSOE-A ha perdido los papeles y ha entrado en una “estrategia premeditada” para impedir el consenso sobre la norma.
Además, el representante popular ha indicado que, de no alcanzarse un acuerdo con todas las partes, su partido presentará un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional por el segundo Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz.
Sanz ha reconocido que hay tiempo aún para llegar a un acuerdo, consenso que sólo podrá alcanzarse, a su juicio, si el PSOE-A rectifica, pues según el secretario general del PP-A, las declaraciones de Jiménez suponen “un paso atrás”. Por ello, Sanz considera que, lo más aconsejable, sería retirar la normativa y negociar desde cero.