Desde el 1 de abril, la Junta tramitará la concesión de los ‘chiringuitos’ y de cualquier otra instalación que ocupe el dominio público marítimo terrestre de la región.
Sevilla Actualidad. Es un acuerdo por el que, a partir de ahora, será el Ejecutivo autonómico el encargado de otorgar las concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre. O lo que es lo mismo, desde ahora, la Junta de Andalucía tendrá potestad para conceder la instalación de los ‘chiringuitos’ a pie de playa.
Gobierno central y Junta de Andalucía han formalizado esta mañana el traspaso a la comunidad autónoma de las funciones y servicios del Estado en materia de ordenación y gestión del litoral. Lo han hecho en un acto presidido por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, Mar Moreno. Y es que, el presidente del Ejecutivo autonómico, José Antonio Griñán, se encontraba en ese mismo momento reunido con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.
De esta forma, el traspaso desarrolla lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que otorga a la comunidad competencias exclusivas en la gestión del litoral. A partir del 1 de abril, fecha en la que será efectivo el acuerdo, el Ejecutivo autonómico será el encargado de otorgar, de conformidad con la Ley de Costas, las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre, como playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros.
Entre estos permisos se encuentran los relativos a los llamados ‘chiringuitos’. La Junta también regulará los usos de temporada en las playas, como por ejemplo las relativas a zonas de baño y ocio; y en el mar territorial, como zonas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros.
La Junta también se encargará de tramitar las autorizaciones para otros usos que impliquen la ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre, tales como realización de vertidos, explotaciones de acuicultura, actividades que requieran instalaciones desmontables durante un periodo superior a un año, explotaciones de recursos mineros o energéticos, ejecución de obras fijas en el mar, y también instalaciones menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.
El Gobierno andaluz también asume, en relación con estas autorizaciones, la vigilancia, tramitación e imposición de las sanciones que correspondan, así como la recaudación de las multas.
Comisión Estado-Junta para planificar las obras
Se prevé, igualmente, la participación de la comunidad autónoma en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre que se destinen a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad autonómica, o a la ampliación o modificación de los existentes.
En materia de inversiones en obras de interés general, se crea una comisión bipartita para la planificación de estas obras. En este sentido, la Junta podrá proponer la incorporación de proyectos de inversiones en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Con este acuerdo, Andalucía asume la mayor parte de los expedientes que afectan a las autorizaciones y a las concesiones sobre el dominio público marítimo terrestre, estableciéndose los adecuados mecanismos de coordinación con la Administración General del Estado, titular de dicho dominio público.
Medio Ambiente, Turismo y Obras Públicas compartirán gestión
Nada más formalizarse este traspaso, el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha dicho que las competencias en la gestión del litoral serán “compartidas” por distintas consejerías, como la suya pero también la de Turismo y la de Obras Públicas.
De esta forma, y aunque ha reconocido que la Consejería de Medio Ambiente tendrá a partir de ahora “un papel fundamental”, ha hecho hincapié en que las competencias no estarán “parceladas” y que, por ejemplo, Turismo se ocupará de ciertas líneas de apoyo en la gestión turística del litoral.
El responsable de esta cartera, Luciano Alonso, ha compartido esta opinión y ha subrayado que la transferencia es “interesante e importante” para Andalucía.
Sin embargo, el traspaso escenificado esta mañana plantea muchas dudas para la oposición, sobre todo para los populares, cuyo secretario general en Andalucía, Antonio Sanz, ya ha dicho que su formación presentará una iniciativa en el Parlamento para completar la transferencia con medidas que garantizan el “blindaje” del sector, “tan importante para la economía andaluza”.
Sanz dice que “ha llegado la hora de la verdad” y pide al Gobierno que no haga una transferencia “vacía”.
Los ecologistas “no entienden” este traspaso
Con todo, especialmente críticas se han mostrado las organizaciones Ecologistas en Acción y WWF-Adena, que dicen que “no entienden” este traspaso de competencias que no es “la solución” a problemas “candentes” como el emplazamiento de los chiringuitos o el deslinde del Parque Nacional de Doñana.
Las plataformas ecologistas, en palabras de la portavoz Lola Yllescas, prefieren «la Ley de Costas como estaba, porque no vemos sentido al traspaso y tampoco qué mejora Andalucía con la firma de este miércoles».
«La cesión debería garantizar una gestión de mayor calidad y atención a las necesidades del medio natural, sin embargo, solo propiciarán la presión de sectores interesados», lamenta Yllescas.