Concentración de funcionarios contra el decreto de reordenación de la Junta durante el mes de noviembre

Los populares están dispuestos a retirar el recurso del Constitucional si hay consenso, mientras que los socialistas rechazan la intención de ‘boicot’ a las campañas electorales del partido.

Sevilla Actualidad. Ha pasado un mes y medio desde la aprobación del Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz, pero la nueva norma sigue dando que hablar entre los agentes políticos y sociales, mientras buscan el consenso entre las partes.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha anunciado la disposición de su partido de retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la norma “en función del consenso que se alcance”, a través del diálogo parlamentario y atendiendo las solicitudes de los representantes de los funcionarios y empleados públicos, instando a la Junta a escucharlos y modificar el decreto.

Asimismo, el Gobierno andaluz ha tildado de “lamentable” que sindicatos de funcionarios protesten en lugar de transmitir sus propuestas al Parlamento. Así lo ha afirmado la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, que considera que esos sectores “minoritarios” están “claramente politizados”.

Moreno ha comparado la reforma andaluza con la de otras comunidades, como Galicia o Murcia que, a su juicio, “están lesionando directamente derechos de funcionarios”. Además, en cuanto a la apertura de expedientes a trabajadores públicos desde la Junta, la consejera ha respondido que, si éstos se han producido, ha sido “como consecuencia del incumplimiento de deberes”.

Por otra parte, el PSOE-A ha manifestado su rechazo al anuncio de ‘boicot’ a los actos realizados por el partido en la precampaña de las elecciones municipales por parte de los representantes de la plataforma de empleados públicos. Su secretaria de Organización, Susana Díaz, considera esta actitud “amenazante y hostil”, tratando de “chantajear al Gobierno andaluz» y “forzar” la retirada del proyecto de ley.

La secretaria de Organización socialista ha relacionado esta actitud de “extorsión a la Junta” con la posición de los populares que, a su juicio, están utilizando a los trabajadores para “desgastar al Gobierno y arañar un puñado de votos”.

UGT y CCOO defienden el decreto y plantean nuevas propuestas

Los sindicatos UGT-A y CCOO-A han respaldado el Decreto-Ley de reordenación del sector público, y han presentado al Parlamento propuestas conjuntas de modificación al texto en su tramitación como proyecto de ley, para incorporarlas como posibles enmiendas, en base al acuerdo alcanzado hace varios meses con el Gobierno andaluz.

Entre otras propuestas, ambos sindicatos piden el reconocimiento de experiencia previa al personal que se incorpore en las agencias públicas, y que al personal laboral de la Junta que se integre en las de régimen especial se le aplique de forma indefinida el convenio colectivo.

Asimismo, el representante de UGT-A, Dionisio Valverde, también ha lamentado la actitud de otros sectores en los que “incluso se han producido agresiones a trabajadores”, manifestando que el decreto evitará la externalización y la privatización.

CSIF, Safja y Ustea piden la derogación del decreto

Los sindicatos CSIF, Safja y Ustea han pedido la derogación del Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz porque, a su juicio, es “inconstitucional”. Las formaciones sindicales han defendido, además, la independencia de los sindicatos y de los funcionarios durante su comparecencia parlamentaria.

La responsable de CSIF-A, Alicia Martos, ha afirmado que esta reforma “es lesiva y sobrepasa los límites constitucionales y legales”, tildando la posición del Gobierno de “inflexible”. En este sentido, el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja), ha recordado la presentación de diversos recursos judiciales por parte del sindicato, así como las movilizaciones emprendidas.

También ha manifestado su intención de empezar de cero la secretaria de Acción Sindical de Ustea, Rocío Luna, para comenzar el decreto con “mayor participación, diálogo y negociación”. Las tres formaciones han remitido a los grupos parlamentarios documentos con sus observaciones respecto al decreto.

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