Juzgados de Sevilla
Audiencia Provincial de Sevilla / SA

La exviceconsejera y exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo niega haber recibido aviso sobre las irregularidades del reparto de las ayudas.

La Audiencia de Sevilla ha retomado este lunes el juicio a la pieza política de la macrocausa de los ERE fraudulento con la declaración de la exviceconsejera y exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo ante las cuestiones de la Fiscalía y su abogado, quien ha asegurado que nadie le alertó del carácter irregular de la concesión de las ayudas fraudulentas, a pesar de conocer los informes y la memoria de fiscalización que emitía el Interventor General, sobre los que ha admitido haber hablado con el expresidente andaluz y en el momento consejero de Hacienda José Antonio Griñán. «Ni mis técnicos ni los interventores me advirtieron de irregularidades», ha asegurado. Martínez Aguayo ha defendido que no llegó a conversar con Griñán hasta el punto de hablar sobre el «uso inadecuado» de las transferencias ni la «ausencia» de fiscalización previa.

En una vista en la que el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle ha solicitado a la exconsejera que abandonase el «tono arrogante» que empleaba, Aguayo ha contestado a las preguntas formuladas por la Fiscalía y su abogado. Martínez Aguayo admitió haber recibido los informes del Interventor General que incluía «mejoras», como las ha definido. La exconsejera ha declarado que «despachó» estos informes y las conclusiones de la memoria de fiscalización con Juan Antonio Griñán, pero a la pregunta de si informó al mismo de que el interventor había encontrado irregularidades en las transferencias de fiscalización, Martínez Aguayo ha contestado que «a ese detalle» no alcanzó a informar. Asegurando desconocer tales irregularidades, Aguayo se ha apoyado en la declaración del ex interventor general Manuel Gómez, que declaró que desde las consejerías no se apreció «menoscabo» en las transferencias, cuando el interventor general tendría que hacer realizado un informe de actuación en el caso de que «no se atendiera a las mejoras recogidas» por el mismo, según ha recordado, lo que no se llegó a hacer.