Con la normativa se pretende reforzar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector. Asaja-Andalucía considera que el actual texto es «innecesario» y que no ha tenido en cuenta al sector.
Sevilla Actualidad. La ley establecerá el marco normativo para mantener y mejorar el cultivo, facilitar el desarrollo sostenible de los territorios olivareros y fomentar la calidad y promoción de sus productos. La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha subrayado la relevancia de esta normativa «única en Europa» para un sector como el olivar, del que ha recalcado su carácter «estratégico» como fuente de riqueza y empleo. El olivar constituye, según Aguilera, un sector económico «de primer nivel» para la comunidad y es la principal actividad para la renta de más de 300 municipios y en torno a él viven unas 250.000 familias.
El texto, que será remitido al Parlamento para su aprobación definitiva, plantea un doble enfoque de fomento sectorial y de cohesión territorial mediante la aplicación de fórmulas de colaboración público-privada. Entre otras novedades, establece la figura de los contratos territoriales que los titulares de fincas podrán suscribir con la Administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas. En estos documentos quedarán definidos tanto los compromisos de los agricultores para mejorar la gestión integral de sus explotaciones en las vertientes productiva, ambiental y social, como las contrapartidas económicas que recibirán por llevarlos a cabo.
En líneas generales, la futura ley plantea dos ejes fundamentales de impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector. En el primero de ellos se enmarcan la modernización de las explotaciones de olivar tradicional potencialmente productivas, el fomento del uso del riego para aumentar la producción y la renta, innovación y formación de nuevas tecnologías aplicadas al olivar, la concentración de la oferta a través de medidas de apoyo al asociacionismo empresarial y el fomento de la calidad y promoción de las producciones.
En cuanto al eje de sostenibilidad, el proyecto prevé la ampliación de las políticas que actualmente se desarrollan para mantener la renta de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y diversificación de explotaciones e industrias; mejorar las condiciones de trabajo, y respaldar el olivar tradicional y el uso eficiente de los recursos hídricos.
Las medidas de fomento previstas se desarrollarán a través del Plan Director del Olivar, que se aprobará en el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la ley y determinará la intervención y la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de la aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.
Asaja: «El proyecto es innecesario»
Las organizaciones de agricultores no han tardado en salir a criticar el texto normativo. Asaja en Andalucía considera que el proyecto de Ley del Olivar es «innecesario, vacío de contenido y obvia propuestas del sector».
Asaja-A mantiene que «la aprobación de una ley en cuyo epígrafe figure la palabra olivar el Ejecutivo de José Antonio Griñán y, en especial, su consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, pretenden justificar la pésima gestión que han desarrollado a lo largo de la legislatura sobre todo lo relacionado con el sector del olivar, el más emblemático de la agricultura andaluza, que ha carecido de apoyo para emprender el necesario Plan de Reestructuración, para lograr que Bruselas diera su visto bueno a la puesta en marcha el sistema de almacenamiento privado y para encontrar alguna solución al principal problema del sector, el hundimiento de los precios en origen del aceite y de la aceituna de mesa y la falta de instrumentos de regulación de mercados».
Según la organización agraria, se trata de un proyecto de Ley elaborado al más puro estilo del «despotismo ilustrado, pues nadie lo ha pedido, nadie lo necesita, con nadie se ha consensuado y hasta ahora sólo ha cosechado rechazos«. Ante esta situación, el presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra, ha anunciado que si el texto no sufre un cambio radical en su tramitación en el Parlamento pedirá al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, UPA en Andalucía ha valorado que el Consejo de Gobierno haya incluido en el proyecto de Ley del Olivar las últimas modificaciones planteadas por esta organización, al amparo del CES-Andalucía, y muestra además su apoyo a la puesta en marcha de esta nueva normativa.
Según el secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, «este proyecto de ley es un poderoso instrumento para ayudar a salir de la complicada situación en la que se encuentra el sector y, principalmente, el olivar tradicional».
Una de las medidas planteadas por UPA-Andalucía, e incluidas en la ley, es el impulso de la concentración de la oferta y la promoción como vías indispensables para solucionar los problemas del sector. «La solución a la crisis de precios de los olivareros pasa por poner en marcha mecanismos de concentración de la oferta, como un instrumento para hacer frente a los desequilibrios en la cadena alimentaria», asegura el secretario general de UPA-Andalucía.